La Procuraduría investiga a Otaín Perdomo Avilés por supuestos acercamientos sin consentimiento a una estudiante menor de edad en 2024.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Otaín Perdomo Avilés, exfuncionario de la Secretaría de Educación de Neiva, por presunto acoso sexual contra una pasante de 17 años. Los hechos investigados ocurrieron en 2024 dentro de las instalaciones de la entidad pública en Neiva, Huila. El organismo de control calificó la falta de forma provisional como gravísima a título de dolo, tras constatar que el procesado supuestamente realizó acercamientos y contactos físicos no consentidos, vulnerando los derechos de la menor de edad que realizaba sus prácticas estudiantiles en el área de archivo de la institución gubernamental.
Detalles de la investigación por acoso sexual en la Secretaría de Educación de Neiva
El expediente disciplinario detalla que las conductas atribuidas al procesado generaron un entorno de vulnerabilidad profunda para la víctima. Según el Ministerio Público, Perdomo Avilés aprovechó su posición laboral para propiciar contactos físicos repetidos que afectaron la integridad emocional de la estudiante. La gravedad del caso se acentúa porque la joven afectada contaba con protección constitucional especial debido a su minoría de edad durante el periodo de pasantías.
La Procuraduría enfatizó que el acusado «habría desplegado un comportamiento de connotación sexual respecto de la adolescente», desconociendo de forma directa los marcos legales nacionales de protección a la niñez suscritos por Colombia. Las pruebas testimoniales recolectadas por los investigadores evidenciaron un patrón de conducta que superó el ámbito de las relaciones laborales formales, configurando un presunto abuso de autoridad en el entorno público regional de Huila.
¿Qué sanción enfrenta Otaín Perdomo Avilés ante el Ministerio Público?
Al ser calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida a título de dolo, el implicado se expone a sanciones severas según el Código General Disciplinario. Este tipo de faltas contempla la destitución inmediata del cargo y una inhabilidad general para ejercer funciones públicas que puede oscilar entre los 10 y los 20 años, lo que pondría fin a su carrera administrativa.
El proceso disciplinario entra ahora en su etapa de juzgamiento ordinario, donde la defensa técnica del investigado dispondrá de los términos legales establecidos para presentar sus descargos formales y solicitar las pruebas necesarias para desvirtuar los cargos formulados. Paralelamente, veedurías ciudadanas exigen celeridad institucional ante la recurrencia de denuncias en entornos de educación.
Este desenlace judicial servirá como precedente normativo para robustecer los manuales de convivencia interna y protocolos de seguridad destinados a estudiantes en prácticas dentro de entidades del Estado. Los siguientes pasos procesales determinarán la sanción definitiva aplicable, mientras la Secretaría de Educación enfrenta hoy la obligación legal de reestructurar de manera profunda y urgente sus mecanismos de supervisión laboral, garantizando entornos institucionales totalmente seguros y libres de violencia de género para todas las futuras generaciones.