La Contraloría descubrió contratos ocultos y baja cobertura en los programas asistenciales territoriales.
La Contraloría General de la República emitió una alerta tras comprobar que los Equipos Básicos de Salud alcanzaron menos del 40 % de la cobertura prevista en el territorio nacional, impactando con gravedad al departamento de La Guajira y de forma particular al municipio de Uribia. El organismo de control detectó graves inconsistencias en el cargue de datos en las plataformas gubernamentales SECOP, SIAPS y SISPRO, lo cual impide auditar con transparencia la ejecución de los 4,1 billones de pesos asignados a este programa preventivo. En Uribia, las auditorías fiscales evidenciaron una falta de publicación de las etapas contractuales críticas del proyecto.
Esta deficiencia en el sistema de información pública afecta directamente a 2.927 entidades territoriales y de salud que recibieron asignaciones presupuestales. El balance financiero de la entidad fiscalizadora revela que se han efectuado pagos por un valor cercano a los 3,9 billones de pesos y se han adquirido compromisos por 1,5 billones de pesos, lo que deja un saldo pendiente de ejecución estimado en 2,4 billones de pesos. La falta de oportunidad en el registro de estos movimientos financieros por parte de las administraciones locales anula la capacidad del Estado para verificar si el dinero se transformó en atención médica real para la población civil.
En el contexto geográfico de la Alta Guajira, este «apagón de datos» tiene consecuencias estructurales severas. El programa fue estructurado originalmente como una estrategia de búsqueda activa e itinerante para combatir la desnutrición infantil aguda que afecta de manera histórica a las comunidades indígenas Wayuu en las rancherías rurales dispersas. Al operar el despliegue de los equipos de salud por debajo de la mitad del umbral proyectado, el acceso médico preventivo en los hogares se interrumpió de forma generalizada, obligando a los pacientes a trasladarse durante horas por caminos de herradura hacia los centros urbanos.
La vulnerabilidad institucional de Uribia se profundiza al cruzar estos datos con el registro histórico de control fiscal del municipio. El ente de control ya había configurado previamente un bloque de 13 hallazgos fiscales y 6 hallazgos con presunta incidencia penal vinculados al manejo irregular de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico. Los técnicos de la Contraloría señalan que la confluencia entre la escasez de agua potable y el fracaso en el esquema de atención médica primaria en territorio incrementa de forma exponencial el riesgo de morbilidad en los menores de cinco años.
La opacidad en la contratación identificada en Uribia impide establecer con certeza si los contratos de personal médico, insumos asistenciales y logística de transporte se ejecutaron bajo los principios de transparencia y economía exigidos por la ley de contratación pública. Al no registrarse de manera oportuna las fases contractuales en el Secop, la Contraloría advierte sobre un riesgo inminente de desvío de los caudales públicos dirigidos a mitigar la emergencia social que ampara a esta región del norte de Colombia mediante sentencias de la Corte Constitucional.
Ante este panorama de desatención generalizada, el Ministerio de Salud ha formulado solicitudes de intervención tras identificar asignaciones atípicas de recursos en la red hospitalaria pública. El organismo rector de la salud estatal vincula estas alertas con retrasos crónicos en la infraestructura física de los hospitales de la red pública, una problemática que se suma a las fallas operativas de los equipos médicos extramurales. La articulación de estos factores frena la implementación del modelo preventivo planteado en las reformas del Gobierno Nacional.
El principal desafío establecido por la Contraloría General radica en realizar un rastreo detallado para esclarecer el destino exacto del saldo presupuestal no ejecutado. Las secretarías de salud de los departamentos y municipios de todo el país han recibido la orden perentoria de actualizar de manera inmediata los reportes de metas y pacientes atendidos en las plataformas estatales. Solo mediante la subsanación de este rezago informático será posible georreferenciar las poblaciones desatendidas, reorientar el flujo de caja institucional y asegurar la vigilancia fiscal efectiva sobre los billonarios recursos asignados a la salud pública en los territorios periféricos.