El Ejecutivo y legisladores abren mesas técnicas para destrabar la Reforma de Rescate que proyecta recaudar 46 billones de pesos.
Integrantes del Congreso de la República y el Gobierno Nacional sostuvieron este sábado en Barranquilla su primera reunión oficial para concertar modificaciones en torno a la denominada Ley de Rescate, una reforma tributaria radicada recientemente en el Legislativo. La iniciativa fiscal contempla un recaudo de 46 billones de pesos para el año 2027, un objetivo financiero que ha despertado fuertes resistencias institucionales, incluso en bancadas aliadas del Ejecutivo. Al encuentro de alto nivel asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quienes buscaron mitigar el rechazo al articulado.
¿Qué se acordó en Barranquilla sobre la nueva Ley de Rescate tributario?
La sesión a puerta cerrada en la capital del Atlántico representó el primer intento formal del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella por salvar el corazón financiero de su agenda económica. El debate central se focalizó en construir consensos técnicos antes de que el proyecto inicie sus debates reglamentarios en las comisiones económicas del Congreso. A la cita no asistieron el jefe de Estado ni los representantes de los partidos de oposición, quienes manifestaron públicamente su malestar al no haber sido convocados a este espacio de concertación anticipada.
Pese a la ausencia de los sectores de oposición, el encuentro sirvió para medir el ambiente político con partidos clave como el Centro Democrático. Los legisladores de esta colectividad regional habían expresado previamente a través de sus redes sociales serios reparos frente al impacto social del texto legal. El punto de mayor fricción radica en la propuesta gubernamental de incrementar del 5% al 19% la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre varios productos esenciales de la canasta básica familiar, una medida que los congresistas consideran lesiva para los hogares.
Las líneas rojas del Congreso frente al aumento del IVA en la canasta básica
Tras concluir la jornada de deliberaciones, varios parlamentarios de la bancada oficialista y de partidos independientes dieron señales de flexibilización, aunque mantuvieron condiciones estrictas en lo referente a la protección del consumidor. El senador Carlos Meisel resumió la postura de su bancada señalando una voluntad de diálogo constructivo: «No tenemos en particular una línea roja. Hay que salvar al país y también al bolsillo de los ciudadanos», enfatizó el congresista, abriendo la puerta a modificaciones en las tarifas propuestas.
Puntos críticos de la reforma bajo revisión legislativa
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Aumento del IVA: Propuesta de elevar el impuesto del 5% al 19% en productos básicos alimentarios.
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Sectores vulnerables: Alertas por el impacto directo en las familias cafeteras y productores del campo.
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Transición energética: Preocupación por gravámenes adicionales al acceso a internet y energías renovables.
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Turismo nacional: Impacto negativo proyectado en las tarifas de servicios hoteleros y de transporte.
Por su parte, la representante a la Cámara Hilda Gutiérrez condicionó el respaldo del legislativo a un compromiso real de reducción del gasto público por parte del Ejecutivo. «Respaldamos la austeridad del Estado, pero no que el ajuste fiscal termine pagándolo el bolsillo de los colombianos», advirtió la congresista. En consonancia, el parlamentario Yamit Hurtado destacó el espíritu de conciliación alcanzado en Barranquilla y anunció de manera formal que el paso metodológico siguiente será la conformación inmediata de mesas técnicas de trabajo para reescribir los artículos más polémicos de la reforma.
El impacto de la Ley de Rescate en la clase media y los sectores productivos
La resistencia hacia la Ley de Rescate no se limita a las comisiones del Congreso; los gremios económicos del Caribe colombiano también han expresado su preocupación por los efectos inflacionarios de un recaudo de 46 billones de pesos. El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, actuó como vocero de estas preocupaciones sectoriales durante la cumbre en Barranquilla. El congresista detalló los riesgos macroeconómicos de aprobar el texto original sin aplicar modificaciones estructurales que protejan los motores productivos.
«Se percibe mucha resistencia al aumento del IVA que se considera inconveniente, tras sus posibles efectos sobre la canasta familiar, el campo, las familias cafeteras, el acceso a internet, las energías renovables y el turismo», manifestó Henríquez de forma contundente. De acuerdo con el diagnóstico legislativo, un incremento tributario en estos renglones ralentizaría la reactivación del sector agropecuario y encarecería la conectividad digital en las zonas rurales, afectando la competitividad del país en el mediano plazo.
El cronograma del Gobierno Nacional para lograr la aprobación de la reforma tributaria cuenta con un margen de maniobra reducido en el Congreso. El Ejecutivo dispone exactamente hasta el 16 de diciembre para tramitar la totalidad del articulado en ambas cámaras legislativas. Con poco más de seis semanas disponibles en el periodo legislativo ordinario, el Ministerio del Interior ya evalúa la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias durante los últimos días de diciembre para garantizar el recaudo proyectado para 2027. Los próximos días serán decisivos para observar si las mesas técnicas logran moderar el impuesto al consumo o si la Ley de Rescate enfrentará un archivo inminente por falta de mayorías.
