La demanda busca anular la Resolución 000349 que eliminó la protección de 79.782 hectáreas.
La senadora Deisy Johana Osorio Márquez, representada por el abogado Leider de Jesús Polanco Verona, presentó una demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar contra la Resolución 000349 del 5 de octubre de 2026. Esta norma, expedida por el Ministerio de Agricultura, derogó las resoluciones que declaraban las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el sur de La Guajira, afectando 79.782,15 hectáreas.
Los argumentos de la demanda contra la Resolución 000349
El recurso judicial, radicado ante el Consejo de Estado, sostiene que la decisión del Ministerio incurrió en falsa motivación. Según el documento, la entidad justificó la derogatoria afirmando que «la decisión no desprotege el territorio», argumentando que subsisten las determinantes ambientales de nivel 1. Sin embargo, la demanda señala que estas normas no protegen el suelo agropecuario frente a usos mineros o industriales. El escrito advierte que el 40,43 % del área está cubierta por títulos mineros.
El impacto de derogar las APPA en la seguridad alimentaria
Otro de los ejes del recurso es la infracción del principio de progresividad. La demanda cita que La Guajira registra la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria del país, con un 59,7 %, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022. El texto sostiene que retirar la protección sin una medida sustitutiva constituye una medida regresiva que contradice los artículos 64 y 65 de la Constitución, los cuales protegen al campesinado y el derecho a la alimentación.
Omisiones en la consulta previa y coordinación
La demanda también alega que el Ministerio actuó de forma irregular al no agotar la consulta previa con las comunidades étnicas. Aunque la resolución reconoce que la declaratoria inicial requería este proceso, el Gobierno concluyó que la derogatoria no afectaba directamente a los pueblos indígenas. Para la parte demandante, esta valoración unilateral desconoce las competencias de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y omite la coordinación previa con los municipios y Corpoguajira.
Medida cautelar y futuro del ordenamiento territorial
El proceso incluye una solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 000349. La demanda argumenta que el Ministerio tenía alternativas menos lesivas, como derogar con efectos diferidos hasta tener una nueva delimitación técnica. El futuro de la planificación territorial en los municipios de Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar dependerá de si el Consejo de Estado acepta la medida cautelar.