La Corte Suprema evalúa un recurso para revisar la sentencia del exgobernador.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia admitió una acción de tutela presentada por la defensa del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar. El recurso legal busca dejar sin efecto la condena de 31 años y ocho meses de prisión impuesta por la Sala Penal por el asesinato del exconcejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997. El tribunal estudiará si existieron vulneraciones al debido proceso, aunque la sentencia condenatoria permanece plenamente vigente y la admisión no implica una anulación del fallo.
El abogado defensor, Juan Felipe Criollo, fundamenta la tutela en presuntas violaciones a la presunción de inocencia y deficiencias en la valoración probatoria. Según el jurista, la condena penal se sustentó en «testimonios indirectos» y no demostró fehacientemente las circunstancias bajo las cuales el exmandatario habría ordenado el crimen. Asimismo, la defensa cuestiona la falta de identificación de los autores materiales del homicidio y los argumentos utilizados para revocar la absolución previa que el Tribunal Superior de Bogotá le había otorgado al procesado.
Este caso penal ha estado marcado por decisiones judiciales contradictorias en las diferentes instancias operativas. Gómez Cerchar recibió inicialmente una condena en primera instancia, posteriormente fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá y, finalmente, la Sala de Casación Penal revocó dicha absolución para fijar la pena actual de 31 años.
Estadísticas del sistema judicial colombiano indican que la admisión de una tutela contra sentencias de altas cortes posee un carácter excepcional, requiriendo la demostración clara de un defecto fáctico o constitucional. Corresponde ahora a la Sala Civil examinar minuciosamente el expediente para determinar si se presentaron las irregularidades denunciadas. Fuentes jurídicas aclaran que este trámite procesal solo representa un espacio de estudio de los argumentos de la defensa y no suspende la reclusión ni modifica la situación legal del exgobernador de La Guajira.