
Gobierno nacional tramita recursos de urgencia para mitigar crisis energética en territorio Caribe.
El Gobierno de Colombia radicó el Proyecto de Ley 401 de 2026 ante el Congreso para trasladar 1,2 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, buscando aliviar la crisis financiera de la comercializadora Air-e, operador responsable del suministro eléctrico en La Guajira, Atlántico y Magdalena. La medida de urgencia pretende evitar un desabastecimiento energético crítico en el departamento ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. Los recursos atenderán las obligaciones inmediatas con los generadores térmicos, pero el Ministerio de Hacienda aclaró que esto no constituye una solución estructural definitiva.
La problemática afecta de forma prioritaria a los usuarios de La Guajira, una región históricamente vulnerable en su infraestructura de interconexión. Según el operador oficial del mercado XM, la deuda total acumulada del Mercado de Energía Mayorista alcanzó los 4,31 billones de pesos al primero de octubre, donde los generadores y transportadores concentran más del 85% de las obligaciones vencidas. Esta compleja coyuntura incrementa sustancialmente el riesgo de impagos generalizados y suspensión del servicio en la península norte del país.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes la alta dependencia que tiene la costa de la transmisión del interior. «Este recurso tiene un único propósito: ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema en la costa Caribe», afirmó el funcionario, quien además propuso aprovechar el potencial eólico y solar de La Guajira, destinar regalías locales para modernizar las redes e involucrar formalmente a la gobernación en el nuevo modelo operativo.
Por su parte, el analista energético César Lorduy advirtió que una solución estructural para estabilizar el servicio requiere inversiones estimadas entre 7 y 8 billones de pesos. Lorduy manifestó que la proximidad de la temporada de sequía acorta los tiempos institucionales, señalando que un eventual racionamiento impactaría severamente la economía.
Estudios de firmas especializadas dimensionan el impacto de un corte del suministro. La consultora Lumen Economic Intelligence estimó el costo global de un racionamiento en 30,7 billones de pesos. Asimismo, Fedesarrollo proyectó pérdidas sectoriales de entre 175.000 y 204.000 millones de pesos por cada hora diaria sin servicio eléctrico.
