El alcalde de El Copey y transportadores logran el retiro de una cámara de fotodetección tras concertar con Tránsito del Cesar.
La Alcaldía de El Copey, en el departamento del Cesar, logró desmontar uno de los dos puntos de fotodetección que habían sido autorizados de forma unilateral sobre la vía nacional que atraviesa la demarcación. La medida se concretó el pasado miércoles tras una mesa de concertación de más de tres horas entre el alcalde municipal, Assad Raish Gámez, la directora del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, Diana Daza, gremios de transportadores y líderes comunitarios locales. El desmonte responde a los enérgicos reclamos ciudadanos frente a la falta de socialización del sistema de fotomultas, el cual no había sido consultado previamente con el gobierno local ni con los sectores productivos que operan diariamente en el corredor vial del Caribe.
El acuerdo institucional establece que solo una de las cámaras de fotodetección permanecerá activa en el territorio municipal, específicamente la ubicada en el kilómetro PR 33+237, un sector estratégico cercano al límite interdepartamental con el Magdalena. De acuerdo con el balance técnico presentado por las autoridades de movilidad, este dispositivo cuenta con el aval vinculante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y tiene como propósito exclusivo fiscalizar el cumplimiento de la velocidad máxima permitida de 90 kilómetros por hora, además de cruzar datos automáticos para verificar la vigencia de la revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
¿Por qué retiraron la cámara de fotodetección en El Copey?
La polémica instalación de los dispositivos electrónicos encendió las alarmas debido a la ausencia de un proceso democrático y técnico de consulta con los habitantes de El Copey. El alcalde Assad Raish Gámez lideró las objeciones institucionales señalando de forma categórica que la implementación previa de la infraestructura de fotomultas vulneraba la autonomía territorial y se configuraba como una medida netamente recaudadora antes que preventiva.
La presión ejercida por los gremios de transportadores de carga y de pasajeros fue determinante para forzar la apertura de la mesa técnica de diálogo. Los conductores denunciaban que las cámaras estaban ubicadas en zonas de transición que inducían a frenados intempestivos, incrementando el riesgo de colisiones traseras en la Troncal del Caribe. El retiro del dispositivo representa un triunfo de la concertación civil sobre las decisiones administrativas centralizadas.
Siniestralidad vial en el Cesar: cifras alarmantes sustentan los controles
A pesar de ceder ante el desmonte del punto crítico, la directora del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, Diana Daza, expuso datos estadísticos contundentes para defender la necesidad de mantener controles tecnológicos rigurosos en las carreteras del departamento. «En los primeros seis meses de 2026, 608 personas fallecieron en el Cesar, y el 70% de estos siniestros están vinculados directamente al exceso de velocidad», reveló la funcionaria durante el debate técnico con las comunidades.
Daza aclaró ante los asistentes que el dispositivo remanente en el kilómetro PR 33+237 aún no se encuentra operativo para sancionar económicamente a los infractores. El Instituto de Tránsito inició una etapa obligatoria de socialización, pedagogía vial y señalización vertical y horizontal que se extenderá por un lapso estimado de un mes, buscando modificar de forma voluntaria la conducta conductiva de los usuarios de la vía nacional antes de emitir los primeros comparendos electrónicos.
¿Qué impacto tendrá el acuerdo de fotomultas para los transportadores?
El mandatario local, Assad Raish Gámez, calificó el resultado de la negociación con la Gobernación del Cesar como un «avance parcial pero significativo», estimando que la retirada de la infraestructura lesiva cumplió con aproximadamente el 70% de las exigencias técnicas y pliegos de peticiones presentados formalmente por el municipio y las asociaciones de conductores. El próximo paso de la alcaldía consistirá en vigilar que la etapa pedagógica se cumpla de forma estricta y que el sensor restante no se convierta en una trampa de velocidad injustificada.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial mantendrá bajo estricta auditoría técnica la calibración del radar de El Copey para garantizar la seguridad jurídica de los viajeros del norte del país, sentando un precedente normativo sobre cómo deben articularse los sistemas de detección electrónica con los entes municipales en el Caribe colombiano.
