Un fondo mixto de contratación pública limita la libre competencia en Barrancas al usar un régimen privado para adjudicar Regalías.
El Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia) adjudicará en octubre de 2026 un polémico contrato de $8.165 millones de pesos para la pavimentación de los reasentamientos Patilla y Chancleta en Barrancas, La Guajira, contando con el Consorcio Pavimento Patilla y Chancleta como único oferente habilitado en el proceso. Los recursos, provenientes del Sistema General de Regalías, fueron delegados al fondo mixto por la Alcaldía de Barrancas mediante un convenio interadministrativo el pasado 25 de agosto de 2026. La licitación cerrada ha encendido las alarmas de veedurías técnicas debido al uso de manuales internos de contratación privada que restringen la participación masiva de ingenieros y firmas constructoras.
El cronograma oficial de esta convocatoria de «corta cuantía» evidencia una celeridad institucional bajo sospecha jurídica. Según los pliegos contractuales radicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el proceso abrió el 30 de septiembre de 2026 y cerró formalmente el 5 de octubre de 2026. Esto significa que los ingenieros colombianos dispusieron de tan solo cuatro días hábiles para estructurar y manifestar su interés en el millonario proyecto vial. La restricción técnica del fondo mixto exigía, además, estar previamente inscrito en su banco de oferentes exclusivo, un filtro normativo que impidió la libre competencia que dictamina el estatuto general de contratación estatal.
¿Quiénes integran el único consorcio habilitado para la obra vial?
Al vencerse el término estipulado para la recepción de propuestas en la Guajira, Foncolombia constató que únicamente el Consorcio Pavimento Patilla y Chancleta radicó la documentación requerida para ejecutar la pavimentación rígida durante un lapso de ocho meses. Este consorcio se encuentra integrado por dos constructoras de la región: la firma Constructora Colombia Infraestructura Rural S.A.S. (Construcol), con sede principal en Valledupar y representada legalmente por Eduardo José Socarrás Monsalvo; y su socia minoritaria, la empresa local ARQLH Diseño y Construcción S.A.S., radicada en Barrancas bajo la representación legal de Luz Lorellys Ospino Ortíz.
La particularidad del caso radica en que el fondo invitó formalmente el 1 de octubre de 2026 a tres empresas seleccionadas bajo su propio criterio: Construcol, Monteza GM Ingeniería y Construcciones S.A.S., y Proexi Ingeniería S.A.S. Al día siguiente de recibir la invitación, Construcol se asoció con ARQLH para registrar el consorcio, mientras que las otras dos compañías invitadas decidieron no radicar ninguna propuesta económica, dejando el camino libre para la adjudicación directa del presupuesto gubernamental de regalías minero-energéticas.
¿Por qué los fondos mixtos evaden la Ley 80 de contratación?
El auge de los fondos mixtos en Colombia responde a su flexibilidad jurídica, una figura legal que les permite administrar recursos del erario público bajo las reglas del derecho privado. Expertos del sector de la ingeniería civil advierten que este modelo se ha convertido en una herramienta recurrente de las entidades locales para eludir las exigencias de transparencia, licitaciones abiertas y los pliegos tipo consagrados en la Ley 80 de 1993. Este escenario recuerda el reciente entramado del Fondo Mixto Sierra Nevada, objeto de investigación penal por presunta corrupción tras acaparar más de $3 billones de pesos en contratos tercerizados.
“Este proceso tiene una particularidad, y es que bajo la Ley 80 y con pliego tipo habría podido tener 20, 30 o 40 oferentes, pero tendrá solamente uno”, cuestionó con severidad el ingeniero Rodrigo Fernández, especialista en contratación estatal y consultor técnico de la infraestructura. Fernández enfatizó que condicionar la participación a bases de datos cerradas y fijar plazos perentorios debilita el control de las inversiones regionales y representa un «legado funesto» para la ingeniería del país, contradiciendo las directrices de austeridad y transparencia exigidas por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
Respuestas institucionales y fiscalización de los recursos públicos
Ante los cuestionamientos técnicos por la falta de pluralidad de oferentes, Foncolombia se limitó a informar que las solicitudes de aclaración serán respondidas bajo los tiempos legales del canal de PQRSD, manteniendo bajo reserva el valor exacto de la propuesta económica del consorcio ganador. La opinión pública y los entes de control fiscal exigen revisar la legalidad del convenio interadministrativo firmado por la Alcaldía de Barrancas, ante el riesgo inminente de un detrimento patrimonial en las obras complementarias destinadas a las comunidades vulnerables de Patilla y Chancleta.
Los siguientes pasos procesales del ente ejecutor definirán los mecanismos de interventoría técnica, mientras las veedurías ciudadanas de La Guajira evalúan radicar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación para suspender el contrato antes de la firma del acta de inicio formal en el territorio peninsular.
Referencia: minuto60.com