La autoridad marítima ratificó que las concesiones no privatizan las playas ni autorizan exigir consumo obligatorio en Santa Marta.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, recordó este noviembre de 2026 que las concesiones marítimas otorgadas a particulares no transfieren propiedad sobre los terrenos ni autorizan restringir el acceso a residentes y turistas. En respuesta a inquietudes sobre el uso del litoral en la capital del Magdalena, la autoridad enfatizó que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas constituyen bienes de uso público. Por lo tanto, los operadores autorizados tienen prohibido cercar sectores, impedir el libre tránsito, cobrar tarifas de ingreso o condicionar la permanencia al consumo comercial.
¿Qué pueden y qué no pueden hacer los concesionarios en las playas de Santa Marta?
El marco jurídico colombiano establece límites precisos sobre el alcance de las autorizaciones administrativas entregadas a operadores turísticos, hoteles o prestadores de servicios en el borde costero. Según la explicación técnica emitida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, la figura de la concesión permite únicamente el aprovechamiento económico organizado de un área delimitada mediante acto administrativo, sin alterar su naturaleza jurídica común.
En ese orden de ideas, los titulares de una concesión están facultados para instalar, administrar y alquilar mobiliario autorizado como sillas, mesas, carpas o sombrillas dentro del polígono aprobado. Sin embargo, esta habilitación no equivale a un título de propiedad privada ni les otorga potestad para excluir a los ciudadanos que deseen hacer uso gratuito del espacio costero sin contratar dichos servicios.
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Actividad o práctica en zona de playa |
Estado legal según DIMAR |
Fundamento normativo aplicado |
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Instalar sillas, mesas y sombrillas autorizadas |
Permitido (solo dentro del área concesionada) |
Acto administrativo de concesión marítima |
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Transitar a pie y acceder al mar libremente |
Derecho garantizado para todo ciudadano |
Carácter de bien de uso público común |
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Permanecer en la arena sin alquilar mobiliario |
Permitido respetando normas ambientales |
Destinación pública de terrenos de bajamar |
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Cercar espacios o bloquear el paso peatonal |
Estrictamente prohibido |
Decreto Ley 2324 de 1984 |
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Cobrar entrada o exigir consumo obligatorio |
Estrictamente prohibido |
Prohibición de privatización del litoral |
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Ampliar áreas o construir obras sin permiso |
Estrictamente prohibido (sujeto a sanción) |
Control técnico de la Autoridad Marítima |
¿Cómo se garantiza el acceso libre a las playas y terrenos de bajamar?
La autoridad marítima precisó que toda persona conserva el derecho fundamental de caminar por las zonas concesionadas, ubicarse en la arena, contemplar el entorno natural e ingresar al mar, siempre que acate las directrices de seguridad marítima y protección ambiental vigentes en el distrito turístico.
Prohibiciones expresas para operadores y particulares
De manera específica, la Capitanía de Puerto detalló cuatro conductas que constituyen infracciones directas a las condiciones de las concesiones marítimas en Santa Marta:
- Instalación de barreras físicas: Los concesionarios no pueden levantar cercas, mallas, muros ni obstáculos que impidan la circulación peatonal continua a lo largo de la franja costera.
- Cobros por acceso o tránsito: Queda prohibido exigir pagos en dinero para ingresar a un sector de playa o atravesar un área bajo administración de un particular.
- Condicionamiento al consumo: Ningún operador puede obligar a residentes o visitantes a comprar alimentos, bebidas o alquilar carpas como requisito para permanecer en la arena.
- Modificaciones no autorizadas: Los particulares no pueden ampliar unilateralmente los metros cuadrados asignados en su resolución ni ejecutar construcciones civiles sin las licencias correspondientes.
Vigilancia oficial y canales para denunciar irregularidades bajo el Decreto Ley 2324 de 1984
Para asegurar que el borde costero mantenga su destinación pública, la Capitanía de Puerto de Santa Marta confirmó que desarrolla inspecciones periódicas de verificación sobre las concesiones vigentes en su jurisdicción. Estas labores de control buscan comprobar que los beneficiarios respeten los linderos aprobados y garanticen la convivencia entre la actividad turística formal y el disfrute ciudadano.
Asimismo, la Dirección General Marítima extendió un llamado directo a residentes, prestadores de servicios y turistas para que reporten de manera oportuna cualquier bloqueo, cobro indebido o ocupación irregular a través de los canales oficiales de atención de la Capitanía de Puerto. Con base en las denuncias recibidas y en los hallazgos de campo, la entidad adelantará las investigaciones administrativas y aplicará las sanciones contempladas en el Decreto Ley 2324 de 1984 y demás normas concordantes.
Impacto en el ordenamiento turístico y gobernanza costera
El pronunciamiento oficial de la DIMAR establece reglas claras de gobernanza en un destino turístico de alta afluencia como Santa Marta, especialmente de cara a las temporadas vacacionales de cierre de año e inicio de 2027. Al delimitar con precisión los deberes de los concesionarios, la autoridad marítima previene conflictos por la ocupación indebida del espacio público y protege tanto la inversión turística formal como los derechos colectivos de la ciudadanía.
En los próximos meses, la efectividad de estas disposiciones dependerá de la articulación continua entre los controles técnicos de la Capitanía de Puerto, la vigilancia distrital y la participación activa de los usuarios mediante el reporte formal de abusos. De esta manera, el ordenamiento costero avanza hacia un equilibrio sostenible que permite el desarrollo económico organizado sin vulnerar el principio legal de que las playas colombianas pertenecen a todos los ciudadanos.
