Un presunto hecho de corrupción mantiene en vilo al municipio de Aguachica, en el sur del Cesar, luego de que se difundiera un video en las redes sociales que pondría al inspector de policía, EGLER ANTONIO PEREA BARRIOS , como presunto receptor de dinero en efectivo al interior de su despacho oficial. De acuerdo con las primeras interpretaciones de la grabación, el dinero habría sido entregado al funcionario para que este procediera al desalojo de un vendedor informal de escasos recursos que se gana la vida en las calles de esta localidad.
El material audiovisual, que se ha viralizado en redes sociales y plataformas de mensajería, ha generado una fuerte reacción entre la ciudadanía, que interpreta las imágenes como un posible acto de cohecho. Sectores de la comunidad señalan que, de confirmarse la veracidad de lo que parece observarse en el video, se estaría frente a una conducta incompatible con la función pública.
Según la versión que ha comenzado a circular entre los habitantes del municipio, el vendedor informal afectado sería un ciudadano de limitados recursos económicos que diariamente lucha por llevar el sustento a su hogar. Los denunciantes anónimos sostienen que el inspector Perea habría aprovechado su investidura para presuntamente solicitar o recibir dinero de terceros interesados en el retiro del trabajador del espacio público. La comunidad ha manifestado su malestar y exige esclarecimiento.
«Lo que se ve en el video es muy preocupante. Si resulta ser cierto, estaríamos ante un funcionario que habría traicionado su juramento. Pero lo que pedimos es que se investigue con imparcialidad y que, si hay responsables, se castigue con todo el peso de la ley», expresó un comerciante del sector que prefirió reservar su identidad por temor a represalias.
Los habitantes de Aguachica han solicitado a las autoridades competentes que el caso no quede en la impunidad. Ciudadanos y líderes comunales reclaman que la Fiscalía General de la Nación active de inmediato las pesquisas correspondientes y que, de establecerse la comisión de una conducta punible, se apliquen las sanciones previstas en el Código Penal. El delito de cohecho, tipificado en el artículo 405 de la norma penal colombiana, contempla penas privativas de la libertad que podrían alcanzar los 12 años para servidores públicos que, presuntamente, reciban dinero para realizar u omitir actos propios de su cargo.
«Las imágenes ameritan una investigación seria y profunda. No podemos adelantar juicios, pero la ciudadanía está harta de que estos casos, cuando ocurren, se archiven sin consecuencias. Esperamos que esta vez la justicia actúe con celeridad», afirmó un líder comunal de Aguachica.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales y departamentales no se habían pronunciado oficialmente sobre la difusión del video. Se espera que en las próximas horas la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía se pronuncien sobre si darán apertura a una investigación formal. Versiones extraoficiales indican que ambos organismos ya habrían sido notificados del material audiovisual.
El caso de Aguachica se suma a una larga lista de denuncias por presuntos actos de corrupción en pequeñas y medianas administraciones municipales de Colombia. La falta de control y la percepción de impunidad han alimentado la desconfianza ciudadana hacia ciertos funcionarios públicos. Queda por establecer si en esta ocasión las imágenes difundidas corresponden efectivamente a una conducta irregular o si existe una explicación alternativa que las autoridades deberán determinar en el curso de la investigación.
