Iván Cepeda accionará contra Alejandro Ordóñez por presuntos delitos y uso institucional.
El senador Iván Cepeda anunció este sábado 14 de noviembre de 2026 que denunciará penalmente al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante la Fiscalía General de la Nación y presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría. La decisión judicial responde a un fuerte enfrentamiento en la red social X originado por los cuestionamientos de la oposición frente a la nómina mensual del Fondo Milagro, entidad encargada de la reconstrucción tras el terremoto, cuyos costos salariales ascienden a $765 millones y desataron controversia política en Colombia.
¿Por qué delitos denunciará Iván Cepeda al ministro Alejandro Ordóñez?
A través de un pronunciamiento público en su cuenta oficial, el congresista especificó los cuatro tipos penales por los cuales solicitará una investigación formal contra el jefe de la cartera política. “Ministro Alejandro Ordóñez: le anuncio que lo denunciaré ante la Fiscalía por presunta ejecución de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso”, expresó Cepeda.
El litigio tiene como trasfondo las publicaciones emitidas desde el perfil institucional del Ministerio del Interior. Durante el cruce de mensajes, Ordóñez calificó de hipócritas las críticas sobre los 27 contratos y salarios superiores a $30 millones en el Fondo Milagro, utilizando fotografías del senador con exintegrantes de grupos armados para cuestionar su postura frente al gobierno de Abelardo de la Espriella.
¿Qué argumenta la queja disciplinaria ante la Procuraduría?
Paralelamente a la acción penal, el legislador acudirá al Ministerio Público para solicitar sanciones administrativas por la presunta utilización indebida de canales estatales en debates políticos. “También, interpondré en su contra queja disciplinaria ante la Procuraduría por utilizar bienes públicos para fines personales y por realizar actos de difamación contra otro servidor público”, puntualizó el senador.
La Ley 2345 de 2023 y la imparcialidad estatal
Para sustentar su reclamo, Cepeda invocó la Ley 2345 de 2023 y el artículo 209 de la Constitución Política, normativas que exigen neutralidad administrativa y restringen las cuentas oficiales al servicio público. “¿En ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición? Los recursos y canales del Estado deben servir al interés general, no confundirse con las controversias y obsesiones personales de quienes ejercen temporalmente el gobierno”, cuestionó.
Impacto institucional y próximos pasos:
La radicación formal de ambas acciones obligará a la Fiscalía y a la Procuraduría a evaluar los límites legales de la comunicación institucional en redes sociales durante confrontaciones políticas. Mientras el Ejecutivo enfrenta el escrutinio por la gestión del Fondo Milagro, que ya provocó la renuncia de su gerente Jaime Andrés Uribe, el desenlace de estas denuncias sentará un precedente sobre el uso de plataformas oficiales.
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