Millonaria demanda por fotomultas en Colombia busca devolver dinero a 1,5 millones de conductores

Denuncia penal ante la Fiscalía cuestiona irregularidades del Simit y cámaras de fotodetección entre 2018 y 2024 en Colombia.

Una acción judicial radicada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Ruge Cabrera busca ordenar la devolución del dinero pagado por más de 1,5 millones de conductores en Colombia, quienes recibieron comparendos mediante cámaras de fotodetección entre 2018 y 2024. La denuncia, identificada bajo el radicado 2026201305514361, cuestiona la operación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), administrado por la Federación Colombiana de Municipios bajo la dirección de Gilberto Toro Giraldo. El litigio se sustenta en investigaciones previas del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito territoriales.

¿Por qué demandan el cobro de fotomultas y el modelo del Simit en Colombia?

El proceso judicial se fundamenta en los hallazgos revelados en mayo por las autoridades nacionales de transporte, que documentaron presuntas anomalías en la imposición de 7,5 millones de comparendos durante un periodo de seis años. De acuerdo con el análisis jurídico del demandante, quien representa a un colectivo de 500 ciudadanos tras una recopilación documental de diez años, el impacto económico de estas sanciones superaría los 2,1 billones de pesos, cifra equivalente al doble de los recursos efectivamente recaudados.

Cámaras sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Según el expediente entregado al ente acusador, cerca del 35 % de los dispositivos de fotodetección instalados en el territorio nacional operaban sin la autorización requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El jurista destacó como caso de referencia un equipo ubicado en la calle 46 con carrera 100 de Barranquilla, el cual carecería de permiso vigente desde 2024. “Todos los comparendos que se hayan impuesto de 2024 a la fecha son irregulares”, aseguró Ruge Cabrera, recordando que la normativa exige señalización previa visible y calibración periódica certificada para validar cada sanción electrónica.

Cifras oficiales de comparendos investigados por ciudades y municipios

Los reportes de la Superintendencia de Transporte detallan una alta concentración de órdenes de comparendo bajo revisión técnica y jurídica en las principales capitales y áreas metropolitanas del país:

Cuestionamientos contractuales al Simit y fallo del Tribunal de Cundinamarca

Además de la validez técnica de los dispositivos, la denuncia penal —integrada por 49 hechos y respaldada con 1.200 folios— solicita auditar el manejo financiero del Simit. Por disposición legal, la Federación Colombiana de Municipios recibe el 10 % del valor de cada multa cancelada para sostener la plataforma tecnológica. Sin embargo, el documento advierte que más del 50 % de dichos recursos son ejecutados por la firma Dicitec mediante contratación directa y subcontratación.

Entre los soportes aportados figura un contrato por 25.290 millones de pesos, en el cual Dicitec habría transferido 17.432 millones a una tercera compañía. A este panorama se suma un fallo emitido el 4 de septiembre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se ordenó restituir 84.752 millones de pesos a municipios y distritos por concepto de excedentes financieros y rendimientos de multas administrados por el Simit.

¿Cómo pueden reclamar los conductores afectados por fotomultas irregulares?

La iniciativa ciudadana busca tanto la nulidad de las obligaciones vigentes como el reintegro de los dineros pagados por sanciones carentes de soporte técnico o legal. No obstante, el representante legal aclaró que la acción no cobija la totalidad de los comparendos electrónicos del país ni implica una devolución automática para todos los conductores, pues cada caso requiere verificación documental sobre el estado de la cámara y el debido proceso.

“El impacto de estas actuaciones alcanzaría a 7,5 millones de colombianos afectados por comparendos de tránsito ilegales. De ellos 6 millones figurarían como morosos o están embargados, mientras que el 1,5 ya pagó la multa y les deben devolver la plata. La denuncia advierte, además, que este modelo de contratación se estaría replicando en otros municipios del país, como Florencia, Caquetá, mediante acuerdos en los que el municipio recibiría el 30% de los recursos y el operador privado el 70%”, concluyó el abogado.

Para centralizar las reclamaciones y orientar a los usuarios sobre la revisión de sus expedientes contravencionales, el colectivo habilitó el portal digital simitdevuelvemelaplata.com. En las próximas semanas, la Fiscalía General de la Nación deberá asignar el despacho investigador para evaluar los 1.200 folios probatorios, mientras los organismos de control determinan el alcance administrativo de las sanciones contra los 37 entes de tránsito involucrados y el cumplimiento efectivo de las restituciones ordenadas por la jurisdicción contencioso-administrativa.