La entidad halló graves retrasos institucionales y fallas en la ejecución de la Sentencia T-302 en todo el departamento.
La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente 41 procesos disciplinarios en etapa de investigación activa debido a las fallas sistemáticas en la atención al pueblo Wayuu y el incumplimiento reiterado de la Sentencia T-302 de 2017. El procurador general, Gregorio Eljach, reveló este preocupante balance durante la audiencia pública de seguimiento convocada por la Corte Constitucional en Riohacha, La Guajira. La acción del ente de control fiscaliza la alarmante inacción estatal frente a la desnutrición, la falta de agua potable y la escasez de servicios básicos en la península, donde las muertes de menores indígenas continúan registrándose a pesar de las órdenes judiciales del máximo tribunal constitucional.
¿Qué hallazgos disciplinarios sustentan las investigaciones de la Procuraduría en La Guajira?
El minucioso informe técnico presentado por la Procuraduría documenta de manera detallada un total de 125 hallazgos con alcance disciplinario directamente vinculados al desatendimiento, desvíos logísticos o demoras injustificadas en la ejecución de las políticas públicas ordenadas para la protección étnica. De acuerdo con el desglose oficial del Grupo de Tareas Especiales, además de los 41 expedientes formalizados, existen actualmente 25 carpetas en fase previa de diligencias informativas, cuatro casos que debieron ser remitidos a la Fiscalía General y a la Contraloría debido a presuntas conductas penales y fiscales, y un nuevo radicado de investigación estructural próximo a abrirse contra altos funcionarios de la administración nacional.
El jefe del organismo de control enfatizó que el origen de la parálisis administrativa en el territorio no radica en la ausencia de presupuestos, sino en la ineficiencia operativa de los sectores encargados de ejecutar los recursos públicos. Los análisis de gestión demuestran que las entidades estatales implicadas cumplen de forma formal con la entrega de informes escritos ante la Corte Constitucional, pero las acciones no se materializan en las comunidades indígenas. «Los papeles presentados no se traducen en bienestar real ni detienen las muertes por desnutrición en el territorio», puntualizó Eljach durante su intervención técnica en la capital del departamento.
Sentencia T-302 de 2017: los cuellos de botella que perpetúan la crisis humanitaria
Falta de coordinación y problemas de cobertura
Las metodologías diseñadas en los despachos de Bogotá no logran integrarse de manera fluida con la realidad geográfica y cultural de las rancherías. Las auditorías de la Procuraduría identificaron que la falta de articulación entre los ministerios, las alcaldías locales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y la Gobernación de La Guajira sigue siendo el principal cuello de botella que frena las soluciones en agua y salud. Las agencias del Gobierno central ejecutan planes de manera aislada, lo que duplica esfuerzos en ciertos sectores y deja a miles de familias indígenas en el olvido total.
Dificultades técnicas en el despliegue territorial
El traslado físico de las plantas de potabilización de agua, los insumos médicos y los programas de seguridad alimentaria hacia las zonas más dispersas de la Alta Guajira presenta retrasos de hasta 36 meses. El ente de control comprobó que los proyectos de infraestructura se formulan sin tener en cuenta las dinámicas del desierto ni la consulta previa obligatoria con las autoridades tradicionales Wayuu. Esta desconexión técnica genera que los contratos estatales queden suspendidos, incrementando el riesgo de pérdida de los dineros públicos del Sistema General de Regalías.
Un llamado a la función pública y la dignidad de las comunidades indígenas
Ante los cuestionamientos sobre el impacto de estas investigaciones en la gobernabilidad local, el procurador Gregorio Eljach aclaró que el avance estricto de estos expedientes no tiene como objetivo desatar una persecución política en la región, sino garantizar los principios constitucionales de la función pública en el Estado de derecho colombiano. «No es para meter miedo, es para decir que aquí hay un Estado de derecho, que aquí hay unas instituciones que velan para que todos los servidores públicos cumplamos nuestros compromisos», sentenció el jefe del Ministerio Público.
La apertura de estos 41 procesos disciplinarios marca el inicio de una etapa de estricta vigilancia sobre los comités técnicos encargados de la crisis humanitaria. Los próximos pasos del hecho noticioso incluyen la citación a versión libre de los exalcaldes y directores de agencias del periodo 2024-2025 implicados en los 125 reportes de omisión. El análisis de contexto del organismo advierte que si la articulación interinstitucional no mejora antes del próximo periodo invernal, las sanciones disciplinarias pasarán de la etapa de investigación a pliegos de cargos formales con destituciones e inhabilidades.