La viceministra Claudia Carrasquilla enfrentará juicio por presuntas irregularidades en declaraciones juradas firmadas cuando era fiscal en Medellín, según denuncia policial.
Qué se le imputa a la viceministra Claudia Carrasquilla y por qué irá a juicio
La actual viceministra de Defensa para la Seguridad Nacional, Claudia Carrasquilla Minami, fue acusada penalmente y quedará a la espera de la audiencia preparatoria para iniciar su juicio oral. Los hechos investigados ocurrieron cuando ejercía como fiscal 27 Especializada contra el Crimen Organizado en Medellín. La investigación se originó en una denuncia presentada por William Fernando Molina, entonces patrullero de la Policía en Valledupar, capturado en julio de 2015 y procesado por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Molina denunció a Carrasquilla y a cuatro integrantes de su equipo de policía judicial: Orlando Cardozo, Wilmer Esneider Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestaña.
El núcleo de la denuncia: cuatro declaraciones juradas tomadas en cárceles de Valledupar
El punto central de la acusación son cuatro declaraciones juradas levantadas en centros carcelarios de Valledupar, con fechas del 15 y 16 de mayo de 2014, el 5 de junio de 2014 y el 4 de diciembre de 2015. Según el expediente, Carrasquilla aparece suscribiendo estos documentos como fiscal titular a pesar de que no habría estado presente durante las diligencias. El denunciante sostiene que un investigador ingresaba a las prisiones, recogía las versiones libres de los detenidos y posteriormente obtenía las firmas de otros funcionarios y de la propia fiscal en lugares distintos a los establecimientos penitenciarios. Molina afirma que estas actuaciones influyeron directamente en el proceso judicial que derivó en su captura y privación de la libertad durante más de dos meses.
Cronología del proceso penal y disciplinario contra Carrasquilla
La viceministra Carrasquilla fue imputada formalmente el 5 de diciembre de 2024. Posteriormente, la Fiscalía presentó el escrito de acusación el 4 de abril de 2025, y la formulación oficial de cargos se realizó el 20 de mayo del mismo año. Desde entonces, la audiencia preparatoria —paso procesal indispensable antes del juicio oral— ha sido programada en múltiples ocasiones sin que pueda llevarse a cabo efectivamente. Las citas fallidas incluyen octubre de 2025, enero de 2026, abril de 2026, julio de 2026 y septiembre de este año. Esta serie de aplazamientos evidencia las dificultades logísticas y procesales que enfrenta el caso.
Además del proceso penal, Carrasquilla enfrenta una actuación disciplinaria independiente. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en agosto de 2025, avanzando en paralelo con la investigación judicial. Esta doble dimensión —penal y disciplinaria— refleja la gravedad institucional de las conductas investigadas, aunque ambas permanecen en etapa probatoria sin sentencia ni sanción definitiva.
Presunción de inocencia y próximos pasos judiciales
Es fundamental aclarar que la existencia de una imputación, una acusación o un pliego disciplinario no equivale a una condena. Claudia Carrasquilla conserva íntegramente su presunción de inocencia, derecho constitucional que solo puede ser desvirtuado mediante sentencia ejecutoriada. Las circunstancias concretas en que se realizaron las cuatro declaraciones juradas cuestionadas, así como la eventual responsabilidad individual de la funcionaria y de los cuatro agentes de policía judicial denunciados, deberán ser determinadas exclusivamente por los jueces competentes tras el desarrollo completo del juicio oral.
La audiencia preparatoria, pendiente desde hace casi un año, constituye el siguiente hito procesal decisivo. En esta diligencia, tanto la Fiscalía como la defensa solicitarán las pruebas que sustentan sus respectivas posiciones testimoniales, documentales y periciales. Solo después de esta fase se fijará fecha para el juicio oral público, donde se practicará el contradictorio y se evaluará si existe material probatorio suficiente para emitir una condena absolutoria o condenatoria.
Este caso plantea interrogantes sobre los controles internos dentro de las fiscalías especializadas y los mecanismos de verificación de la cadena de custodia documental en procesos de criminalidad organizada. Mientras avanza el calendario judicial, Carrasquilla continúa ejerciendo sus funciones como viceministra de Defensa para la Seguridad Nacional, cargo que asumió bajo la administración actual y que mantiene mientras no exista decisión judicial en contrario.