Fallo judicial obliga al Distrito y entidades nacionales a financiar obras hidráulicas
El Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un fallo favorable a una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación el 30 de septiembre de 2026. La decisión ampara los derechos colectivos al acceso eficiente de servicios públicos, la moralidad administrativa y el equilibrio ecológico en Santa Marta (Magdalena). La providencia ordena de forma perentoria al Distrito, a la ESSMAR E.S.P., al Ministerio de Vivienda y al Departamento Nacional de Planeación estructurar y ejecutar la infraestructura requerida para solucionar el déficit histórico en materia de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial que afecta a la ciudad.
La sentencia judicial concreta metas específicas para las entidades responsables. Entre las obligaciones principales se destaca la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de El Curval y de los ríos Toribio y Córdoba. Asimismo, el fallo exige la edificación de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), el desarrollo de estudios técnicos para el alcantarillado pluvial y la evaluación de viabilidad de una Planta Desalinizadora contemplada en el Documento CONPES 4159 de 2025.
Este mandato judicial busca mitigar las necesidades básicas insatisfechas de la población local y de la infraestructura turística de la capital costera. La Procuraduría General de la Nación confirmó que mantendrá su función de vigilancia estricta sobre el cronograma de ejecución de estas obras estructurales y asumirá la defensa judicial de la providencia en caso de que las entidades afectadas presenten recursos de apelación en las instancias superiores.
