Un nuevo episodio de sangre enluta al pueblo wayuu. Esteban Uriana, respetado líder indígena de la comunidad de Jesusalén, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en el corregimiento de Matitas, jurisdicción de Riohacha, en un hecho que ha consternado a las comunidades wayuu del sur de La Guajira y que enciende las alarmas sobre una nueva estrategia de control territorial por parte de grupos armados que operan en la región.
De acuerdo con información conocida por este medio, Uriana se movilizaba en un vehículo por la vía que conecta a Riohacha con Cuestecita, cuando fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los sicarios accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra el líder indígena, quitándole la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.
En medio de la profunda consternación que embarga a la comunidad, los familiares de Esteban Uriana hicieron uso de sus usos y costumbres ancestrales y retiraron el cuerpo del lugar del crimen para darle sepultura conforme a los rituales funerarios del pueblo wayuu. Esta práctica, respetada por las autoridades, implica que la inspección técnica del cadáver por parte de los organismos judiciales se realice posteriormente, en un acto de reconocimiento a la autonomía cultural de los pueblos indígenas en la gestión de sus duelos.
Sin embargo, esta tradición también evidencia la profunda desconexión entre el Estado y las comunidades originarias, que en medio del dolor deben sortear los laberintos burocráticos y las exigencias legales para honrar a sus muertos mientras la violencia sigue acechando sus territorios.
Un asesinato con todas las marcas de una guerra no declarada
El crimen de Esteban Uriana no puede entenderse como un hecho aislado. Analistas en seguridad y líderes wayuu consultados por este medio coinciden en que el asesinato de autoridades tradicionales se ha convertido en una táctica recurrente de los grupos armados que buscan consolidar su dominio en La Guajira.
La posición geográfica del corregimiento de Matitas y del asentamiento de Jesusalén, ubicado en el kilómetro 20 de la vía Riohacha-Cuestecita, resulta estratégica para el control de las rutas de contrabando de combustible y alimentos desde Venezuela, así como para el tráfico de drogas y armas hacia la costa Caribe. En este contexto, los líderes indígenas representan un obstáculo para los intereses de las estructuras criminales, al ser los guardianes naturales del territorio y los interlocutores legítimos ante el Estado.
«Matar a un líder es sembrar el miedo en toda la comunidad. Quieren que nos callemos, que nos encierren en nuestro propio territorio, que dejemos de exigir y de denunciar», manifestó bajo reserva un líder wayuu de la zona.
La muerte de Uriana ha provocado una ola de indignación entre los pobladores de Matitas y las comunidades indígenas aledañas, que claman por una mayor presencia de la fuerza pública en territorios históricamente vulnerables. La fragilidad de la seguridad en el corregimiento es evidente: la ausencia de puestos de control permanentes, la falta de iluminación en las vías rurales y la escasa vigilancia policial convierten a estas zonas en corredores de movilidad para el crimen organizado.
«Estamos solos. Los líderes caen uno tras otro y el Estado no aparece. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sepultando a nuestros muertos mientras los asesinos caminan libres?», denunció una lideresa de la comunidad wayuu.
Investigación en curso: hipótesis abiertas
Organismos de investigación, entre ellos el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional, adelantan diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y capturar a los responsables. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis: desde un ajuste de cuentas relacionado con disputas territoriales entre grupos armados, pasando por retaliaciones contra líderes que han denunciado actividades ilegales en sus territorios, hasta la posibilidad de que el crimen esté vinculado con economías ilegales como el contrabando de gasolina y el narcotráfico.
Este crimen reaviva el debate sobre la necesidad de implementar políticas públicas diferenciadas que salvaguarden la vida y la cultura de las comunidades indígenas en medio del conflicto armado y la delincuencia común. La protección de los territorios ancestrales y la garantía de derechos fundamentales para los pueblos originarios siguen siendo desafíos pendientes en La Guajira, una región donde la violencia parece haber llegado para quedarse.
Mientras las autoridades investigan y la comunidad llora a su líder, el pueblo wayuu entierra a un hombre, pero no entierra su lucha. El legado de Esteban Uriana, como el de tantos líderes caídos, seguirá vivo en la memoria de su gente y en la exigencia de justicia que resuena en los cuatro puntos del territorio ancestral.