Contratistas recibieron más de 100.000 millones en anticipos sin completar obras
Un proyecto de energía solar del gobierno de Gustavo Petro en La Guajira, que buscaba beneficiar a 10.664 viviendas vulnerables con una inversión superior a 300.000 millones de pesos, presenta un avance del 8,1 % tras la salida de la administración anterior.
Según un recorrido periodístico, apenas 862 viviendas cuentan con las soluciones fotovoltaicas instaladas, pese a que los cronogramas contemplaban avances cercanos al 93,5 % en algunos lotes. Los cuatro contratistas ya habrían recibido más de 100.000 millones de pesos en anticipos, de acuerdo con la información divulgada.
Detalles del convenio y retrasos por lotes
El convenio fue suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) para llevar energía solar a comunidades de Maicao, Albania y otros municipios.
Los retrasos reportados alcanzan:
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Lote 1: 84 %
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Lote 2: 67 %
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Lote 3: 59 %
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Lote 4: 83 %
El contrato tiene plazo hasta el 30 de noviembre para completar las instalaciones, poner en funcionamiento los sistemas, capacitar a los beneficiarios y cerrar las actividades del proyecto.
Testimonios en las comunidades
En comunidades indígenas como Montañita, Mouwasira y Kululumana, los habitantes señalaron que fueron censados, fotografiados y georreferenciados, pero los equipos nunca llegaron.
En Wayachón, donde sí se instalaron sistemas, una residente aseguró que algunos equipos dejan de funcionar durante días y que una batería se habría quemado. La misma habitante afirmó que hay paneles instalados en casas deshabitadas y que cerca de diez equipos habrían quedado sin asignar.
«Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas», declaró.
Cuestionamientos previos y falta de respuesta
El proyecto ya había sido cuestionado por posibles nexos de los contratistas con compañías mencionadas en el escándalo de Centros Poblados y vínculos familiares con la senadora Martha Peralta, salpicada por el caso de la UNGRD.
Semana consultó a Dispac sobre los retrasos y los problemas denunciados por los habitantes, pero la empresa no respondió, según el medio.
El bajo nivel de ejecución y los testimonios recogidos en las comunidades ponen el foco en el cumplimiento de un contrato que debe estar terminado en noviembre.