Proponen crear empresa de economía mixta para enfrentar crisis del tránsito departamental

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En medio del colapso vehicular y administrativo que afecta al organismo de tránsito departamen­tal, un grupo de diputa­dos presentó una orde­nanza para transformar la entidad en una socie­dad de economía mixta. La iniciativa, estudiada por la comisión segunda de la Asamblea, cuenta con el respaldo de los di­putados Olimpo Núñez, Jimmy Boscán, Arnoldo Marulanda y Reinaldo Barros, quien además preside la corporación. El diputado ponente Jor­ge Suárez Buitrago expli­có que la medida respon­de a una solicitud directa del gobierno departamen­tal, argumentando que la situación actual es insos­tenible.

“El tránsito está colapsado y la secretaría no tiene capacidad finan­ciera ni operativa para sostener la institución por sí misma”, señaló el le­gislador. Según Suárez Buitrago, la creación de una empresa de econo­mía mixta permitirá in­yectar recursos privados, mejorar la infraestructura tecnológica y optimizar la prestación del servi­cio a los ciudadanos. En su intervención ante el pleno, el presidente de la Asamblea, Reinaldo Ba­rros, respaldó con firmeza la urgencia de la transfor­mación:

“La entidad nece­sita este cambio estructu­ral para superar la crisis crítica que atraviesa. No podemos seguir con un modelo agotado que no da abasto”. Barros insis­tió en que la propuesta no implica una privatización total, sino una alianza es­tratégica para salvar un servicio público esencial. Sin embargo, la pro­puesta generó un fuerte pronunciamiento en con­tra. El diputado Luis Fer­nando Lobo votó negati­vamente, advirtiendo que el modelo propuesto en­tregaría el control del re­caudo y la gestión finan­ciera a un socio privado. Según Lobo, lo más pre­ocupante es que la em­presa de economía mixta otorgaría la mayoría de las acciones al capital pri­vado, lo que le daría auto­nomía total en la toma de decisiones.

“El represen­tante legal sería elegido por la asamblea de ac­cionistas, donde el sector privado tendría el control absoluto. Esto vulnera el principio de que una en­tidad pública no puede ser dominada por intere­ses particulares”, alertó el legislador disidente. Mientras los defensores de la ordenanza insisten en que la alianza públi­co-privada es la única sa­lida para descongestionar el tránsito y modernizar el organismo, los opositores temen una privatización encubierta de los recursos públicos.

El debate quedó abierto en la corporación, a la espera de nuevos pronunciamientos y de un posible estudio más detallado sobre el porcen­taje de participación ac­cionaria. La decisión final podría marcar un antes y después en la gestión del tránsito departamental.

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