
En medio del colapso vehicular y administrativo que afecta al organismo de tránsito departamental, un grupo de diputados presentó una ordenanza para transformar la entidad en una sociedad de economía mixta. La iniciativa, estudiada por la comisión segunda de la Asamblea, cuenta con el respaldo de los diputados Olimpo Núñez, Jimmy Boscán, Arnoldo Marulanda y Reinaldo Barros, quien además preside la corporación. El diputado ponente Jorge Suárez Buitrago explicó que la medida responde a una solicitud directa del gobierno departamental, argumentando que la situación actual es insostenible.
“El tránsito está colapsado y la secretaría no tiene capacidad financiera ni operativa para sostener la institución por sí misma”, señaló el legislador. Según Suárez Buitrago, la creación de una empresa de economía mixta permitirá inyectar recursos privados, mejorar la infraestructura tecnológica y optimizar la prestación del servicio a los ciudadanos. En su intervención ante el pleno, el presidente de la Asamblea, Reinaldo Barros, respaldó con firmeza la urgencia de la transformación:
“La entidad necesita este cambio estructural para superar la crisis crítica que atraviesa. No podemos seguir con un modelo agotado que no da abasto”. Barros insistió en que la propuesta no implica una privatización total, sino una alianza estratégica para salvar un servicio público esencial. Sin embargo, la propuesta generó un fuerte pronunciamiento en contra. El diputado Luis Fernando Lobo votó negativamente, advirtiendo que el modelo propuesto entregaría el control del recaudo y la gestión financiera a un socio privado. Según Lobo, lo más preocupante es que la empresa de economía mixta otorgaría la mayoría de las acciones al capital privado, lo que le daría autonomía total en la toma de decisiones.
“El representante legal sería elegido por la asamblea de accionistas, donde el sector privado tendría el control absoluto. Esto vulnera el principio de que una entidad pública no puede ser dominada por intereses particulares”, alertó el legislador disidente. Mientras los defensores de la ordenanza insisten en que la alianza público-privada es la única salida para descongestionar el tránsito y modernizar el organismo, los opositores temen una privatización encubierta de los recursos públicos.
El debate quedó abierto en la corporación, a la espera de nuevos pronunciamientos y de un posible estudio más detallado sobre el porcentaje de participación accionaria. La decisión final podría marcar un antes y después en la gestión del tránsito departamental.
