Ambas entidades activaron mesas de monitoreo preventivo en tres departamentos del Caribe.
La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) instalaron en Bogotá una mesa técnica de urgencia para prevenir conflictos sociales que amenacen el abastecimiento público de gas en el país.
Mecanismo de articulación institucional
El mecanismo vigila de forma prioritaria proyectos de exploración y explotación en los departamentos de La Guajira, Córdoba y Magdalena. El Ministerio Público y la autoridad energética buscan mitigar bloqueos comunitarios que paralizan el transporte y la movilidad de hidrocarburos, identificando de manera anticipada focos críticos de complejidad social para coordinar soluciones proactivas con los entes territoriales.
Objetivo: seguridad energética nacional
El plan conjunto responde a la necesidad de salvaguardar la seguridad energética nacional mediante el monitoreo de los entornos operativos. Durante las sesiones de trabajo, se analizaron detalladamente las variables asociadas a la contratación local de bienes y servicios, demandas que históricamente originan tensiones entre las empresas operadoras y las comunidades étnicas de la región Caribe. La estrategia fija canales directos de comunicación que operarán de forma continua para evitar parálisis de infraestructura estratégica en el corto plazo.
Intervención oportuna del Estado
Ambas entidades señalaron que la identificación de los proyectos con alto nivel de complejidad social permitirá una intervención oportuna del Estado antes de que las protestas escalen a vías de hecho. La ANH aportará los mapas técnicos de las áreas de adjudicación, mientras que la Procuraduría ejercerá funciones de mediación preventiva y control de gestión sobre los alcaldes y gobernadores de las zonas de influencia. El objetivo es estructurar un blindaje institucional integral que brinde garantías tanto a los derechos de los habitantes como a la continuidad del suministro de gas.
Presión sobre el servicio público esencial
Con esta articulación técnica, el Gobierno busca frenar el desabastecimiento de gas domiciliario e industrial, un servicio público esencial bajo constante presión por dinámicas de orden social. Las autoridades locales de Riohacha y de los municipios mineros de La Guajira ya fueron notificadas sobre los nuevos protocolos de alerta temprana para coordinar las mesas regionales de concertación de forma inmediata.