Ente de control exige respuestas urgentes sobre acuerdo firmado por un billón de pesos con China.
La Procuraduría General de la Nación ha desplegado una investigación prioritaria tras descubrir un contrato millonario de un billón de pesos entre la empresa intervenida Air-e y la corporación china CMC. Este acuerdo, suscrito para financiar la modernización de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha sido sometido a un escrutinio riguroso por el Ministerio Público. El procurador general Gregorio Eljach confirmó que la denuncia periodística de EL HERÁLDO activó la alerta preventiva el jueves 27 de agosto de 2026, enfocándose en verificar la legalidad y transparencia del proceso de negociación.
La intervención busca determinar si el interventor de Air-e, Jaime Mesa Buitrago, actuó con plena responsabilidad al firmar una obligación de tal magnitud apenas horas antes de anunciar su salida del cargo. La Procuraduría ha enviado un requerimiento formal a ambas entidades, Air-e y la Superintendencia de Servicios Públicos, exigiendo la entrega inmediata de toda la documentación relacionada con la negociación, aprobación y cláusulas del contrato.
Timing Sospechoso y Protocolos de Intervención
La curiosidad administrativa se centra en la cronología exacta de los eventos que rodearon la firma del acuerdo. El interventor Jaime Mesa Buitrago, quien anunció su partida inminente, procedió a comprometer los recursos de la empresa mientras su mandato estaba a punto de finalizar. Esta situación ha levantado interrogantes sobre la existencia de acuerdos previos o presiones externas que motivaron la decisión de cerrar el trato con la empresa china en un momento de transición crítica.
«Nosotros siempre hacemos prevención. No estamos buscando a quién sancionar, sino prevenir el daño», declaró el procurador Eljach desde Cartagena durante su participación en la Convención de Asobancaria. El jefe del Ministerio Público enfatizó que la prioridad es consolidar los procesos que se hayan realizado correctamente, pero también corregir las irregularidades y responsabilizar a los autores si las acciones fueron contrarias a la ley. La investigación se centra en establecer si se cumplieron todos los protocolos de transparencia exigidos para una empresa en estado de intervención.
El requerimiento dirigido a la superintendente Hilda Borja pregunta específicamente si la celebración del negocio requería una autorización previa o si la Superintendencia emitió algún tipo de manifestación de no objeción. Además, se indaga sobre la existencia de cláusulas de confidencialidad que pudieran haber limitado el acceso de las autoridades de control a los términos del contrato, lo cual sería una violación grave a los principios de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Impacto Económico y Desconocimiento Gubernamental
Uno de los puntos más críticos de la investigación es el impacto financiero que este endeudamiento tendrá sobre las tarifas que pagan los usuarios finales. La Procuraduría solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos un análisis técnico detallado sobre cómo este contrato se integra en el esquema de solución empresarial de Air-e y si las inversiones están contempladas en los planes de inversión reconocidos regulatoriamente. La entidad debe demostrar que no habrá duplicidad en la remuneración de los proyectos y que las medidas para evitar sobrecostos en las tarifas están debidamente justificadas.
El contrato, que contempla una tasa de interés del 5.2% efectiva anual y un año de gracia contado desde el inicio de operaciones, tiene una duración de 60 meses para la ejecución de las obras. Este financiamiento es gestionado por un comité técnico que priorizará los proyectos de renovación tecnológica de subestaciones, ampliación de redes de distribución y transmisión, y aumento de la capacidad del sistema eléctrico en la región.
La firma de este acuerdo ha generado extrañeza significativa en el Ministerio de Minas y Energía. La ministra María Nohemí Arboleda manifestó su desconocimiento total sobre los alcances y detalles del negocio, a pesar de ser el ente rector de la política energética del país. Este desconocimiento por parte de la ministra sugiere posibles fallas en los canales de comunicación entre la interventora de Air-e y el gobierno nacional, lo que podría constituir una falta de coordinación grave en la gestión de recursos estratégicos.
Consecuencias Legales y Futuro de la Investigación
La intervención del Ministerio Público pone en evidencia la necesidad de un escrutinio riguroso en la gestión de empresas de servicios públicos que se encuentran en estado de intervención. Los próximos pasos de la investigación dependerán de la respuesta oportuna y transparente que brinden Air-e y la Superintendencia de Servicios Públicos. Si se confirman irregularidades en el proceso de negociación o en la ejecución del contrato, las consecuencias podrían ser severas, incluyendo sanciones administrativas y acciones penales contra los funcionarios responsables.
La Procuraduría ha dejado claro que su objetivo es proteger el patrimonio público y garantizar que los recursos destinados a mejorar la infraestructura eléctrica de la región se utilicen de manera eficiente y transparente. La investigación continuará hasta obtener todas las respuestas necesarias, y se espera que el pueblo colombiano reciba información clara sobre el destino de este billón de pesos y su impacto en el servicio eléctrico.
El caso Air-e se convierte así en un punto de inflexión para la transparencia en la gestión de empresas públicas en Colombia, estableciendo precedentes sobre cómo deben manejarse los contratos de gran envergadura durante procesos de intervención y transición de mando. La comunidad empresarial y académica espera que los resultados de esta investigación fortalezcan los mecanismos de control y prevención de riesgos en el sector energético nacional.
