Investigación disciplinaria evalúa presuntas alteraciones en concurso público de méritos municipal.
La Procuraduría General de la Nación avanza formalmente en una indagación disciplinaria por presuntas irregularidades en la elección del personero de Uribia, La Guajira, para el periodo 2024-2028. El Ministerio Público investiga si el Concejo Municipal vulneró los principios de transparencia y debido proceso al crear una comisión accidental para calificar las propuestas de los operadores y modificar el cronograma oficial del concurso de méritos, limitando las garantías de los aspirantes inscritos. Adicionalmente, veedurías ciudadanas denunciaron supuestos vínculos de compadrazgo entre el personero seleccionado y el actual alcalde local, Jaime Luis Buitrago García.
El análisis institucional se concentra en determinar responsabilidades por estas dos líneas críticas de trámite administrativo. Según la normativa legal vigente, la evaluación del operador del concurso corresponde de forma exclusiva a la Mesa Directiva del Concejo, por lo que la creación de una célula especial delegada carecería de sustento jurídico.
El proceso penal y disciplinario contra los concejales implicados se rige bajo la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. De calificarse la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, el régimen sancionatorio contempla la destitución e inhabilitación general para ejercer funciones públicas por un término de entre 10 y 20 años. Para faltas graves, la sanción prevista es la suspensión del cargo por un periodo de 3 a 24 meses.
Frente a la situación del alcalde Jaime Luis Buitrago García, aunque la elección del personero es atribución exclusiva del cabildo, el organismo supervisor evalúa su posible vinculación. Si las pruebas documentales demuestran presiones indebidas o un conflicto de intereses omitido, el mandatario afrontaría la destitución o una suspensión provisional de tres meses durante la etapa procesal formal. Por el contrario, si se acredita su neutralidad precontractual, la ley contempla la absolución. Las veedurías del norte de Colombia exigen celeridad en la recolección técnica de testimonios para preservar la autonomía presupuestal en el territorio.