El decreto 1368 restaura derechos legales manteniendo controles estrictos contra el crimen armado.
El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó este martes 8 de septiembre el Decreto 1368, poniendo fin a la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Esta medida, anunciada desde la Cancillería y el Ministerio de Defensa, busca restablecer garantías para ciudadanos que cumplen la ley, eliminando la prohibición automática que afectaba a personas legales. La decisión mantiene requisitos rigurosos y controles estrictos por parte de las autoridades competentes, diferenciando claramente entre el ciudadano de bien y el portador ilegal de armas.
El cambio de política de seguridad llega en un momento crítico para el país, donde las organizaciones criminales han incrementado su poder de fuego. De La Espriella subrayó que la suspensión anterior perjudicaba desproporcionadamente a los ciudadanos legales, mientras que los grupos armados ilegales continuaban fortaleciéndose mediante el tráfico ilícito. Esta medida no representa un «porte indiscriminado», sino un retorno al marco legal existente con mayor precisión en su aplicación.
¿Por qué el Gobierno revoca la prohibición de armas?
La decisión del Presidente De La Espriella responde a un análisis detallado de la situación de seguridad nacional y los datos recopilados por la Fuerza Pública. Durante su anuncio oficial, el Mandatario explicó que las restricciones generales afectaban principalmente a ciudadanos que cumplían rigurosamente la ley, mientras que las estructuras criminales aprovechaban la situación para armar sus redes sin consecuencias.
“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, declaró el Presidente en su cuenta oficial de X. Esta distinción es fundamental para entender la estrategia de seguridad actual del Gobierno nacional.
El análisis de la situación de seguridad revela que, durante años, el enfoque restrictivo generalizado no logró disminuir la violencia, sino que desequilibró la balanza a favor de los actores ilegales. La política anterior convertía la prohibición en la regla automática, sin considerar el cumplimiento normativo de los ciudadanos colombianos que solicitaban permisos legales.
Impacto de las incautaciones de armas ilegales
Para respaldar su decisión, el Presidente De La Espriella presentó cifras contundentes sobre la lucha del Estado contra el tráfico y la tenencia ilegal de armas en el país. Estos datos revelan la magnitud del problema y la necesidad de una estrategia diferenciada.
Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Este dato estadístico demuestra que la mayoría de las armas en circulación provienen de actividades ilícitas y no de ciudadanos legales.
La distribución de las armas incautadas muestra la participación de diferentes grupos armados ilegales:
- 980 armas vinculadas a las disidencias de las FARC
- 551 armas asociadas al Clan del Golfo
- 339 armas relacionadas con el ELN
Estas cifras no solo evidencian la escala del problema, sino también la capacidad operativa de la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen organizado. El Presidente enfatizó que el Estado debe perseguir y destruir este poder de fuego ilegal, mientras protege a los ciudadanos que actúan dentro del marco legal.
Detalle del arsenal incautado y poder de fuego ilegal
Un aspecto particularmente preocupante identificado en las incautaciones es el nivel de sofisticación del armamento en posesión de las disidencias criminales. El material decomisado incluye armas de alto calibre y artefactos que demuestran la capacidad operativa de estos grupos.
Según los informes oficiales, entre el material incautado a las disidencias se hallaron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Estos datos revelan un poder de fuego que supera ampliamente el armamento que un ciudadano legal podría poseer, incluso con permisos adecuados.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó el Presidente De La Espriella, estableciendo claramente las prioridades de la política de seguridad nacional. La presencia de morteros y fusiles en manos de grupos ilegales representa una amenaza directa para la población civil y la estabilidad del país.
El análisis de este arsenal ilegal demuestra que las organizaciones criminales han desarrollado capacidades militares significativas, lo que justifica la necesidad de una respuesta estatal diferenciada y contundente. La estrategia actual busca desmantelar estas capacidades armadas mientras protege a los ciudadanos legales.
Requisitos y controles para el nuevo régimen de permisos
La restitución del derecho al porte de armas no implica una eliminación de controles, sino un retorno al sistema de permisos con requisitos específicos y rigurosos. El Decreto 1368 establece un marco regulatorio que garantiza la seguridad pública mientras respeta los derechos de los ciudadanos cumplidores.
Los requisitos para obtener un permiso de porte de armas incluyen:
- Antecedentes policiales y judiciales limpios
- Evaluación psicológica y psicotécnica
- Curso de formación en manejo seguro de armas
- Justificación de necesidad de protección personal
- Renovación anual con reevaluación de todos los requisitos
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional serán las autoridades encargadas de evaluar cada solicitud, garantizando que solo ciudadanos que cumplan estrictamente todos los requisitos obtengan los permisos. Este sistema de controles estrictos asegura que el derecho al porte de armas no se convierta en un factor de riesgo para la seguridad pública.
Perspectivas futuras y estrategia de seguridad integral
La decisión del Presidente De La Espriella representa un cambio de paradigma en la política de seguridad nacional. La estrategia actual busca equilibrar la protección de los derechos ciudadanos con la lucha efectiva contra el crimen organizado armado.
El Mandatario concluyó su anuncio con un mensaje claro sobre el rumbo de la política de seguridad: “Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”.
Esta nueva estrategia se enmarca en el compromiso del Gobierno de desmantelar las capacidades armadas de los grupos criminales y fortalecer la acción del Estado contra quienes actúan por fuera de la ley. La implementación del Decreto 1368 será monitoreada de cerca por las autoridades competentes para asegurar su efectividad y ajustar las medidas según sea necesario.
El impacto de esta medida en la seguridad nacional dependerá de la capacidad del Estado para mantener los controles estrictos mientras desmantela las redes criminales. La cooperación entre las diferentes instituciones de seguridad será fundamental para el éxito de esta estrategia integral.