En un hecho sin precedentes para la comunidad indígena de la región, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo presencia este miércoles en el territorio arhuaco de Gunmaku, convirtiéndose en la primera autoridad nacional en pisar esta zona sagrada para escuchar de viva voz las necesidades de un pueblo herido por la violencia.
La visita se da en respuesta a los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la Sierra Nevada de Santa Marta, que dejaron como saldo a cinco niños, niñas y adolescentes del pueblo arhuaco afectados directamente. Las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 5 meses y los 16 años, fueron trasladadas y atendidas en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta.
De acuerdo con el parte médico entregado por las autoridades sanitarias, tres de los menores continúan bajo observación en el centro asistencial. Si bien se reporta que ninguno presenta heridas de gravedad que comprometan su vida, el equipo multidisciplinario del ICBF ha activado todos los protocolos para garantizar no solo la recuperación física, sino también el acompañamiento psicosocial necesario para mitigar el trauma emocional generado por la exposición a los actos violentos.
«La paz es uno de los derechos más importantes de las niñas y de los niños; tenemos que garantizarlo en todos los territorios, pero mucho más aquí en el corazón del mundo. Estas comunidades que fueron atacadas y que han estado en conflicto por grupos armados ajenos a este territorio han puesto en desequilibrio todo el trabajo que se viene haciendo en Serankua. Estamos aquí y vamos a continuar aquí porque la paz tiene que llegar para quedarse», manifestó la directora Cáceres al término del encuentro con las autoridades ancestrales.
El alto mando del ICBF llegó a Gunmaku acompañado de las Unidades Móviles de la entidad, recorriendo las difíciles vías de la Sierra Nevada para llevar atención inmediata a la comunidad. Durante más de tres horas, se desarrolló un espacio de diálogo intercultural en el que participaron líderes y autoridades tradicionales del pueblo arhuaco, así como el defensor del Pueblo del Magdalena, Ricardo Alonso Salinas Vega, y el comisionado departamental de Paz, Luis Teherán Puello.
En la reunión, los líderes indígenas expusieron su profunda preocupación por la incursión de actores armados en sus territorios ancestrales, los cuales consideran el equilibrio espiritual del mundo. Además, solicitaron el acompañamiento del Estado para frenar la zozobra que viven las familias en las zonas más apartadas.
Paralelamente a la visita institucional, las propias autoridades del pueblo arhuaco activaron una veeduría humanitaria independiente. Comisiones de la comunidad se internaron en las zonas donde se registraron los enfrentamientos con el objetivo de verificar el estado de las familias que permanecen en el territorio y que no han podido ser evacuadas.
«Vamos a organizarnos para llegar hasta donde están las familias afectadas, congregarnos, escuchar sus necesidades y conocer su situación. Luego iremos a Santa Marta para reunirnos con todas las autoridades del Gobierno y transmitir el mensaje de la comunidad», expresaron las máximas autoridades indígenas, quienes tienen previsto presentar los resultados de esta misión de escucha el próximo domingo en Santa Marta.
Como parte de la estrategia de respuesta inmediata, el ICBF dispuso una unidad móvil en Gunmaku para brindar atención psicosocial continua a la comunidad, además de realizar la entrega de Bienestarina y otros complementos nutricionales que garanticen la seguridad alimentaria de las familias afectadas por la zozobra.
Simultáneamente, otra unidad móvil permanece en las afueras del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, donde un equipo de defensores de familia realiza seguimiento minuto a minuto al estado de salud de los menores hospitalizados, acompañando también a los líderes y familiares que se han desplazado hasta la capital del Magdalena para velar por la recuperación de los pequeños.
El Instituto reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades indígenas, las entidades del Estado y los organismos de derechos humanos para restablecer la tranquilidad en la Sierra Nevada y garantizar la protección integral de la niñez en el territorio.
