Polémica adjudicación: Foncolombia responde por millonario contrato vial en La Guajira

El fondo mixto aclara las dudas sobre el proceso de pavimentación adjudicado por más de ocho mil millones.

¿Qué pasó con el contrato de regalías en Barrancas?

El Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia) respondió oficialmente a un derecho de petición interpuesto por el medio digital Minuto60.com. La solicitud exigía aclaraciones detalladas sobre el proceso de Selección Corta Cuantía N.° OBR-SCC-VUP-012-2026. Dicho proyecto contempla la construcción de pavimento rígido y obras complementarias en los reasentamientos de Patilla y Chancleta, ubicados en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira. La adjudicación del contrato se formalizó mediante la Resolución N.° 074 el pasado 9 de octubre de 2026. Sin embargo, la celeridad del cronograma y la participación de un único proponente despertaron el interés del control social preventivo en la región.

La obra civil cuenta con un presupuesto oficial asignado de $8.165.378.198,40. Estos recursos económicos provienen directamente del Sistema General de Regalías (SGR) y fueron transferidos para su administración mediante el Decreto N.° 108 del 25 de agosto de 2026 emitido por la Alcaldía de Barrancas. A continuación, se detalla la distribución financiera y normativa del proyecto:

Justificación legal de los plazos mínimos de contratación

¿Por qué se otorgó solo un día para manifestar interés?

Ante los cuestionamientos sobre el limitado tiempo otorgado a los posibles oferentes para registrar su interés, el Gerente Territorial de Foncolombia en Valledupar, Casimiro Antonio López Quintero, argumentó que las actuaciones se ciñen estrictamente al Manual Interno de Contratación de la entidad (Acuerdo N.° 002 del 26 de agosto de 2025). Al ubicarse el presupuesto entre los 500 y los 11.000 salarios mínimos mensuales, la modalidad aplicable corresponde por ley a una Selección Corta Cuantía de Categoría B. El artículo décimo noveno de este manual interno estipula que el plazo mínimo legal para la manifestación de interés es de un (1) día hábil.

Para este proceso específico, la fase de recepción de manifestaciones quedó programada y ejecutada el 2 de octubre de 2026, tras publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). La administración de Foncolombia enfatizó que la manifestación oportuna constituye un requisito habilitante obligatorio para la posterior presentación de ofertas. La normativa interna prevé que si ninguna empresa manifiesta su intención en el lapso fijado, el proceso debe declararse desierto de forma inmediata.

La regla de los tres invitados en el Banco de Proponentes

Respecto a la invitación restringida, el fondo mixto aclaró que el reglamento contractual vigente los obliga a garantizar una convocatoria mínima de tres oferentes inscritos en su base de datos. En esta licitación se enviaron tres cartas de invitación y sus respectivos comprobantes de envío se alojaron en las plataformas oficiales. No obstante, la decisión final de formular una propuesta formal depende de la autonomía de cada empresa privada. Foncolombia recalcó en su oficio que la entidad carece de facultades para pronunciarse sobre los motivos particulares de las firmas invitadas que decidieron abstenerse de participar.

Detalles sobre el consorcio único seleccionado

La única propuesta económica recibida provino del Consorcio Pavimento Patilla y Chancleta. Esta estructura plural está liderada por Constructora Colombia – Infraestructura Rural S.A.S. (Construcol SAS), en calidad de empresa invitada, y se encuentra integrada adicionalmente por la firma ARQLH Diseño y Construcción S.A.S.. Uno de los puntos críticos señalados por el control social fue el hecho de que la alianza comercial se consolidó en menos de un día para poder radicar la oferta.

Frente a esta situación, la entidad argumentó que ni la legislación general del país ni sus manuales corporativos exigen una antigüedad previa para los consorcios. Los documentos oficiales indican que basta con que los integrantes suscriban un acuerdo de voluntades para concurrir de manera conjunta. El parágrafo segundo del artículo cuadragésimo octavo del manual únicamente demanda que al menos una de las empresas asociadas se encuentre previamente aceptada en el Banco de Oferentes de la institución, condición que cumplía Construcol SAS.

La evaluación técnica, jurídica y financiera de los documentos de la propuesta se ejecutó el 7 de octubre de 2026. El informe de evaluación definitivo, publicado el 9 de octubre bajo el radicado CO1.AMD.7027413, declaró al consorcio como «habilitado» en la totalidad de los componentes requeridos por los pliegos de condiciones. El valor final ofertado por el grupo constructor se fijó en $8.165.364.333,45, una cifra que resulta marginalmente inferior al presupuesto techo establecido por el municipio.

Fiscalización de los recursos del Sistema General de Regalías

A pesar de que el proceso licitatorio concluyó con la expedición de la resolución de adjudicación, la ejecución material de las obras de pavimentación en Barrancas no ha comenzado. El gerente territorial confirmó que, hasta la fecha, el contrato derivado de la adjudicación se encuentra en estado pendiente de suscripción corporativa. Asimismo, el proyecto vial carece de un acta de inicio formalizada y las arcas públicas no han realizado ningún tipo de desembolso financiero por concepto de anticipo u otros rubros de ejecución.

El fondo mixto recordó que su naturaleza jurídica corresponde a una entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto regida por el derecho privado, fundamentada en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Debido a esta condición legal, la organización no percibe utilidades distribuibles ni ganancias comerciales por la gerencia de este tipo de proyectos. Sin embargo, los dineros asignados no pierden su naturaleza pública. Toda la ejecución financiera del pavimento rígido en Patilla y Chancleta permanecerá bajo el monitoreo riguroso del Sistema de Seguimiento del SGR y la vigilancia estricta de la Contraloría General de la República para salvaguardar el erario nacional.