Ministro Benedetti pide auditoría exhaustiva al software electoral y acceso al código fuente para partidos políticos

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En medio del debate preelectoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó desde Barranquilla una contundente propuesta orientada a blindar de transparencia las próximas elecciones presidenciales en Colombia. El funcionario insistió en la necesidad de realizar una auditoría profunda al software que se empleará en los comicios, sugiriendo que esta revisión técnica debería extenderse por un periodo de dos a tres semanas para examinar a fondo el funcionamiento del sistema.

Benedetti fue más allá al señalar que el código fuente del software electoral debería estar disponible para los partidos políticos el mismo día de la votación. «Hay que hacer una auditoría al software, y esa auditoría debe hacerse durante dos o tres semanas. Pero además, el código fuente debe estar en manos de los partidos políticos el día de las elecciones presidenciales», puntualizó el jefe de la cartera política, subrayando que esta medida permitiría a las colectividades verificar el correcto funcionamiento del sistema y generar confianza en los resultados.

El ministro también aprovechó su intervención para plantear la urgencia de modernizar el sistema electoral colombiano. Recordó que fue ponente del proyecto de Código Electoral entre 2021 y 2022, iniciativa que terminó siendo declarada inexequible por la Corte Constitucional. Según Benedetti, dicha propuesta buscaba actualizar las normas electorales para adaptarlas a los tiempos modernos, incorporando herramientas como el voto electrónico y superando mecanismos tradicionales como el uso de papeletas, vigentes desde 1986.

En otro aparte de sus declaraciones, el ministro se refirió a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política. Benedetti afirmó que existe «ignorancia» sobre lo que realmente establece la ley en esta materia, explicando que la participación indebida ocurre cuando un funcionario pide votos directamente, entrega dinero o utiliza recursos del Estado para favorecer una campaña. «Pero no se puede prohibir que un funcionario se exprese o haga análisis sobre lo que está pasando», concluyó.

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