El presupuesto 2027 sube 7,9 % para el departamento, pero caen rubros clave como Vivienda, Agua y Comercio.
Tras la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación 2027, el Representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, reveló una paradoja fiscal para su región. Aunque los recursos regionalizados aumentaron de $2,07 a $2,2 billones —un incremento del 7,9 %—, sectores estratégicos sufrieron recortes significativos. La distribución sectorial evidencia una disminución cercana a $18 mil millones en Vivienda y Agua, mientras que Comercio, Industria y Turismo perdió aproximadamente el 20 % de su asignación. Este escenario plantea interrogantes sobre la efectividad del gasto público frente a las necesidades históricas del departamento, especialmente ante las obligaciones judiciales pendientes con el pueblo Wayuu.
¿Por qué bajan los recursos en sectores estratégicos de La Guajira?
La revisión técnica del proyecto presupuestal muestra que el aumento global no se traduce en mayor capacidad operativa para áreas críticas. El sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, no registra recursos regionalizados de inversión en la propuesta actual, una ausencia que preocupa a los gestores públicos locales dada la fragilidad ecológica de la región.
«Que aumenten los recursos para La Guajira es una buena noticia, pero también tenemos que mirar dónde están quedando esos recursos y si responden a las necesidades que tenemos como departamento. El presupuesto debe convertirse en soluciones concretas para nuestra gente», indicó el Representante Gómez Soto durante su intervención legislativa.
Esta discrepancia entre el volumen total y la asignación específica refleja tensiones en la priorización del gasto nacional. Los recortes en Comercio e Industria impactan directamente el potencial económico departamental, limitando las oportunidades de diversificación productiva más allá de los proyectos extractivos tradicionales.
La deuda histórica con el pueblo Wayuu y el acceso al agua
El llamado de atención más urgente del congresista se centra en la garantía del derecho humano al agua. La Guajira mantiene una deuda estructural con sus comunidades indígenas, particularmente con el pueblo Wayuu, donde múltiples decisiones judiciales han ordenado al Estado garantizar este servicio básico.
«No podemos perder de vista que el acceso al agua sigue siendo una necesidad urgente para nuestras comunidades Wayuu. Tenemos una sentencia que nos marca una obligación y, por eso, la inversión pública debe acompañar de manera decidida la garantía de este derecho», afirmó Gómez Soto.
La reducción en Vivienda y Agua contrasta con estos mandatos constitucionales. Expertos en gestión pública advierten que la insuficiencia presupuestal en este rubro podría derivar en nuevos desacatos judiciales, aumentando el costo fiscal futuro por multas e intereses moratorios, además de perpetuar la crisis humanitaria en la Alta y Media Guajira.
Estrategia legislativa y seguimiento en plenaria
Frente a este panorama, el representante ha iniciado una ofensiva política para modificar la asignación antes de la sanción presidencial. Sus propuestas hacen parte de las más de 700 iniciativas radicadas al proyecto de presupuesto, aunque ninguna contó con el aval del Gobierno Nacional en esta primera etapa.
«Seguiremos revisando las cifras, haciendo propuestas y gestionando para que las necesidades de La Guajira estén presentes en cada etapa de este trámite. El objetivo es claro, que los recursos se traduzcan en más soluciones y más oportunidades para nuestro departamento», sostuvo el legislador.
El debate pasará ahora a las plenarias de Senado y Cámara, donde se definirán los ajustes finales. La capacidad de la bancada guajira para articular apoyos será determinante para revertir los recortes. El resultado de esta negociación marcará un precedente sobre cómo se distribuye la riqueza nacional en territorios con brechas sociales profundas y sentencias judiciales incumplidas, definiendo la viabilidad real de la política de equidad territorial para 2027.