El Ministerio de Minas y Energía inspecciona el millonario anticipo ante graves retrasos.
El Ministerio de Minas y Energía alertó sobre los críticos retrasos en el megaproyecto de soluciones solares fotovoltaicas en La Guajira. La conexión efectiva de usuarios alcanza apenas un 8%, frente al 42% proyectado en el cronograma. El contrato estatal, valorado en $322.709 millones de pesos e iniciado el 12 de diciembre del año anterior, reporta un avance global del 34%, una cifra significativamente inferior al 49% estipulado contractualmente para la fecha.
Ante esta situación, la cartera ministerial inició una auditoría técnica y financiera sobre un anticipo de $102.692 millones de pesos entregado a los ejecutores, con el fin de verificar su correcta destinación en el territorio rural.
La investigación oficial detalla que los indicadores de cumplimiento se encuentran rezagados en dos de los principales grupos operativos asignados para la instalación de infraestructura en las poblaciones vulnerables:
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Consorcio de Soluciones Solares e Integrales 2026: reporta un avance real del 10%, con 117 comunidades rurales atendidas y seis pendientes de intervención.
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Unión Temporal Energética Lote 2: evidencia un margen de ejecución de solo el 2%, con 154 comunidades sin atender y apenas una vinculada al servicio energético.
El desfase entre el dinero desembolsado y la infraestructura instalada motivó el seguimiento especial del Gobierno. «La verificación de su ejecución resulta clave para determinar si el dinero se ha destinado a los fines previstos», señala el documento técnico de la cartera, que enfatiza la necesidad de evaluar la correspondencia exacta entre las actividades ejecutadas en el terreno y los recursos públicos liberados.
El rezago afecta directamente la calidad de vida de las familias rurales del departamento, que continúan desabastecidas y a la espera de que se materialicen los beneficios de la transición energética prometida. Mientras avanza la auditoría del ministerio, los comités de vigilancia regional solicitan celeridad en las obras civiles para evitar que el millonario presupuesto asignado a estas soluciones fotovoltaicas termine congelado de forma indefinida en las cuentas de los consorcios privados.