Interpol emitió circular roja contra Carlos Ramón González por escándalo de la UNGRD

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Interpol emitió una circular roja para la búsqueda y captura internacional de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La notificación oficial fue enviada por la Secretaría General de Interpol a la Fiscalía General de la Nación, luego de dos meses desde que la Fiscalía solicitó formalmente esta alerta internacional, el pasado 4 de julio.

El pasado 4 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra González, destacando que no tiene arraigo en Colombia ni ha mostrado voluntad de comparecer al proceso judicial. Estas circunstancias motivaron la solicitud de una alerta internacional para evitar la evasión de la justicia.

 

González es investigado por presunta participación en una red de corrupción que, según la Fiscalía, usó recursos públicos de la UNGRD para financiar intereses políticos ilegales. La Fiscalía lo señala como uno de los principales responsables de direccionar contratos millonarios y sobornos a congresistas, con el fin de asegurar votos a favor de reformas promovidas por el gobierno.Entre los cargos que enfrenta Carlos Ramón González se encuentran:

 

Cohecho por dar u ofrecer: sobornos a congresistas.

Peculado por apropiación a favor de terceros: uso indebido de recursos públicos.

Lavado de activos: presunto manejo ilegal de dineros provenientes de contratos ficticios.

De acuerdo con la Fiscalía, González habría coordinado el pago de al menos 4.000 millones de pesos en sobornos a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente. Estos pagos se habrían canalizado mediante contratos irregulares, como uno por la compra de carrotanques para La Guajira, valorado en más de 70.000 millones de pesos.

 

Testimonios clave en el caso incluyen a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD ya condenados, y a Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial, quien habría actuado como intermediaria en las entregas de dinero.

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