La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, dio a conocer el informe anual de los eventos ocurridos durante la vigencia anterior en todas las regiones de la geografía colombiana.
Entre enero y diciembre del 2023 hubo 2046 manifestaciones de conflictividad social en 446 municipios de 31 departamentos del país, el 13% de ellos ocurrió en Bogotá. Comparada la cifra con la del 2022, cuando se registraron 1427 eventos, el aumento fue del 43%, según los datos recolectados por el Observatorio de la entidad. Los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos de vías, con el 38%; plantones, 33%; marchas, 11%; disturbios, 6%; paros-ceses de actividades, 5%, y toma de instalaciones, 3%. Los diez departamentos que concentraron el mayor número de conflictos sociales fueron Bolívar, con el 7%; Antioquia, 6%; Santander, 6%; Magdalena, 6%; Atlántico, 5%; La Guajira, 5%; Valle del Cauca, 5%, y Córdoba, Norte de Santander y Tolima, con el 4% cada uno. Los eventos identificados por el Observatorio estuvieron asociados a conflictos laborales en el 18% de los casos registrados durante el 2023; a la garantía del derecho a la educación, 12%; inversión o presencia estatal, 11%; conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores, 11%; prestación de servicios públicos, 10%; derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, 9%; políticas de transporte, 9%; propiedad de la tierra o vivienda, 5%, y conflictos ambientales, 5%.
Así mismo, se observó un aumento considerable en relación con los eventos de protestas, disturbios y asonadas ocurridos antes, durante y después del proceso electoral. A ello se suman las protestas en contra de las políticas de transporte y de sectores productivos, principalmente el agropecuario “Tanto nuestra Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social como nuestras Defensorías Regionales promovieron 244 espacios de diálogo entre las distintas partes, en los que también participamos como garantes de derechos”, expresó Carlos Camargo Assis. La labor de mediación de la institución nacional de derechos humanos contribuyó a prevenir el escalamiento violento de la conflictividad social, lo que ayudó a impulsar la transformación pacífica de los conflictos en los territorios.