La promesa de entregar el Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional (ERON) de Riohacha antes de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro se ha desvanecido por completo. A pesar de que la crisis por el hacinamiento carcelario en La Guajira desborda los límites humanitarios, la megaobra civil más importante del sector penitenciario en el Caribe colombiano no será inaugurada por la actual administración central, quedando postergada de manera definitiva para septiembre de 2026.
Este flagrante incumplimiento expone una severa cadena de falencias técnicas y una desconexión crítica entre la planeación bogotana y la realidad del territorio guajiro. Estudios y diseños iniciales deficientes obligaron a costosas reestructuraciones sobre la marcha, disparando el presupuesto original de $181.000 millones a una cifra que hoy supera los $307.969 millones de pesos.
A este descalabro financiero se sumó la ineficiencia administrativa de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), una entidad duramente cuestionada por los entes de control debido a su lentitud en la ejecución presupuestal y la parálisis operativa que mantuvo los trabajos estancados durante años.
El panorama a nivel distrital no fue más alentador. La falta de concertación inicial provocó férreos bloqueos de comunidades indígenas como La Ceibita Macedonia, que paralizaron las obras exigiendo el respeto a sus derechos ancestrales. Asimismo, la histórica e insoluble crisis de servicios públicos en Riohacha impidió que el penal se conectara a las redes locales.
El consorcio constructor se vio forzado a improvisar e implementar plantas internas de tratamiento de agua potable y residual, una adición técnica compleja que retrasó aún más el cronograma y que evitó un colapso sanitario inminente en el distrito.
Con un avance físico que apenas ronda el 88 % y oficinas en fase de adecuación elemental, las alarmas de la Contraloría y la Procuraduría siguen encendidas por el riesgo de detrimento patrimonial. Mientras el Gobierno Nacional priorizó el discurso de la humanización carcelaria en el papel, los detenidos en La Guajira continúan hacinados en estaciones de policía y centros transitorios bajo condiciones degradantes.
El ERON de Riohacha, diseñado con un pabellón étnico Wayúu y una capacidad total para 1.722 internos, se consolida hoy como un monumento nacional a las prórrogas eternas y como otra gran deuda pendiente del Gobierno con el departamento de La Guajira.