El Ministerio de Agricultura eliminó 79.782 hectáreas protegidas en La Guajira en medio de solicitudes mineras.
El Ministerio de Agricultura, liderado por Indalecio Dangond bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, inició en octubre de 2026 la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), figura que salvaguardaba terrenos agrícolas estratégicos. La medida abarca 998.000 hectáreas en 59 municipios y en La Guajira elimina la protección de 79.782 hectáreas. El desmonte coincide con solicitudes de exploración minera de cobre, oro y plata en zonas antes protegidas, como Urumita.
El 5 de octubre de 2026, el jefe de la cartera agrícola oficializó en Urumita la eliminación de la salvaguarda en ocho municipios del departamento. El argumento central apunta a la autonomía territorial: según la postura oficial, las APPA se impusieron desde el nivel nacional e invadieron las competencias locales para definir el uso del suelo mediante los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). El equipo técnico también señaló vacíos en la consulta previa con comunidades étnicas, imprecisiones cartográficas e inconsistencias en la delimitación de los polígonos.
Un cruce cartográfico entre los polígonos de las antiguas APPA y el registro de la Agencia Nacional de Minería (ANM) evidencia que en La Guajira los títulos mineros vigentes ya se superponían con 29.752 hectáreas, el 37,28 % del área que estaba protegida para la producción agraria. De esa cifra, 14.339 hectáreas corresponden a proyectos en etapa de explotación activa. En Urumita, la subsidiaria colombiana de la multinacional canadiense Max Resource radicó dos solicitudes de exploración, el 3 y el 20 de agosto de 2026, por cerca de 3.100 hectáreas.
El fenómeno se repite en Santander, donde se tramita una solicitud de 7.500 hectáreas en El Carmen de Chucurí para oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio, radicada el 12 de agosto de 2026. El desenlace dependerá de la velocidad con la que el Gobierno expida los decretos pendientes para Córdoba, Santander y Tolima, mientras la ANM mantiene bajo evaluación técnica y ambiental las solicitudes.