El Gobierno extiende uso del Sisbén hasta julio de 2027 tras 112.000 reclamos por el nuevo Registro Universal de Ingresos.
El Gobierno nacional confirmó este martes el aplazamiento definitivo hasta el 31 de julio de 2027 de la entrada en operación plena del Registro Universal de Ingresos (RUI), el sistema diseñado para reemplazar al Sisbén como herramienta principal de focalización social en Colombia. Esta decisión, tomada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se fundamenta en la necesidad de gestionar más de 112.000 reclamaciones ciudadanas por la nueva clasificación socioeconómica y los efectos del terremoto del 10 de agosto, que afectó 16 departamentos y 476 municipios. El Sisbén continuará operando durante este periodo de transición adicional, mientras el ente técnico ajusta los algoritmos y la infraestructura necesaria para la implementación exitosa del nuevo sistema.
La extensión del cronograma responde a una crisis de confianza en el nuevo modelo de clasificación, que generó un aumento exponencial en las peticiones de inconformidad. Durante el mes de agosto de 2026, se recibieron más de 112.000 reclamos, una cifra que representa casi diez veces el total de solicitudes registradas durante todo el año 2025. Ante este escenario, el Gobierno priorizó la estabilidad de los programas sociales y la protección de los beneficiarios actuales, optando por una transición más gradual que garantice la precisión en la identificación de los hogares vulnerables.
Explosión de Reclamos: ¿Por qué el Gobierno decidió aplazar el RUI?
El detonante principal para la decisión de aplazar el Registro Universal de Ingresos (RUI) fue la avalancha de 112.000 reclamaciones registradas exclusivamente en agosto de 2026. Esta cifra revela una desconexión crítica entre el modelo técnico del nuevo sistema y la realidad socioeconómica de los hogares colombianos. Para dimensionar la magnitud del problema, es necesario comparar los datos históricos: en todo 2025, el Sisbén recibió apenas 11.213 solicitudes de reclamo, mientras que en 2024 la cifra fue de 42.407. Hasta julio de 2026, se habían contabilizado 11.756 peticiones, lo que indica que el sistema anterior operaba dentro de parámetros predecibles.
El salto de 11.756 solicitudes en siete meses a 112.000 en un solo mes evidencia que el algoritmo del RUI está generando clasificaciones erróneas para un número masivo de familias. El DNP reconoció que el modelo de estimación de ingresos, basado en el cruce de diferentes bases de datos, no logró capturar adecuadamente la complejidad de los ingresos variables en el sector informal, ni las fluctuaciones económicas recientes. Esta situación obligó al Gobierno a reconsiderar la fecha de implementación para evitar que miles de hogares fueran excluidos injustificadamente de programas como Familias en Acción o el subsidio de transporte.
La presión ciudadana no fue el único factor. El Gobierno debió considerar el impacto logístico y operativo de la extensión, pero la prioridad fue garantizar que la transición no se convirtiera en una crisis humanitaria. El aplazamiento permite al DNP recalibrar los modelos de inteligencia artificial y los algoritmos de riesgo, asegurando que la clasificación socioeconómica refleje con mayor precisión la realidad de los hogares antes de hacerla obligatoria para todos los programas sociales.
Impacto del Terremoto del 10 de agosto en la transición hacia el RUI
El segundo pilar fundamental de la decisión de aplazar el RUI hasta julio de 2027 es el contexto de desastre natural provocado por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Este sismo dejó afectaciones críticas en 16 departamentos y 476 municipios, destruyendo o inhabilitando oficinas del Sisbén en varias localidades y provocando la pérdida de conectividad digital en zonas rurales de categorías 5 y 6.
La infraestructura tecnológica necesaria para operar el RUI, que depende en gran medida de la conectividad a internet y de la interoperabilidad de datos entre entidades, se vio severamente comprometida en las zonas afectadas. Muchas administraciones locales no pudieron realizar los trámites de actualización de datos ni procesar las reclamaciones ciudadanas en tiempo real. La falta de conectividad en regiones críticas impidió que los ciudadanos accedieran a la plataforma digital del RUI, generando un escenario de inequidad en el acceso a la información y a los servicios sociales.
El Gobierno consideró que intentar forzar la transición en medio de la recuperación de un desastre de esta magnitud agravaría la vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas. La priorización de la atención humanitaria y la recuperación de la infraestructura básica hizo inviable continuar con el cronograma original. La extensión del plazo permite a las entidades territoriales recuperar sus capacidades operativas y tecnológicas para integrar los datos de los hogares afectados en el nuevo sistema sin perder información crítica.
El Sisbén como puente: ¿Qué significa la coexistencia hasta 2027?
Con la extensión hasta el 31 de julio de 2027, el Sisbén y el RUI coexistirán durante un año adicional, un periodo que el Gobierno ha calificado como de transición técnica y operativa. Durante este tiempo, el Sisbén continuará siendo el mecanismo principal para la identificación de beneficiarios, manteniendo su validez para el acceso a subsidios y programas sociales. Esta decisión busca evitar vacíos en la cobertura social y garantizar la continuidad de los beneficios para millones de familias colombianas.
El proceso de transición no será un «apagón» donde el Sisbén desaparece y el RUI toma el control. Por el contrario, será un periodo de aprendizaje y ajuste donde el DNP realizará pruebas piloto con el nuevo sistema en diferentes regiones, validando sus resultados contra la información del Sisbén. El objetivo es construir una base de datos más dinámica y precisa que permita una focalización más eficiente de los recursos públicos, corrigiendo los errores de inclusión y exclusión que han afectado al modelo anterior.
El proyecto de transición cuenta con financiamiento hasta julio de 2027, lo que permite a las entidades ejecutar las acciones necesarias para la migración de datos y la capacitación de funcionarios. El Government ha enfatizado que el Sisbén seguirá vigente como herramienta de respaldo, asegurando que ningún hogar pierda su acceso a la oferta social del Estado mientras se perfecciona el nuevo sistema.
El Desafío Técnico: Ajustando Algoritmos para una Focalización Precisa
El aplazamiento también responde a una necesidad técnica innegociable: el RUI requiere más tiempo para fortalecer, validar y optimizar sus algoritmos de estimación de ingresos. El DNP ha admitido abiertamente que el modelo actual necesita recalibración para reducir los errores que podrían provocar exclusiones injustificadas de hogares vulnerables. La precisión en la clasificación socioeconómica es crítica, ya que determina el acceso a subsidios, ayudas y programas de la oferta social del Estado.
El nuevo sistema busca utilizar información de múltiples fuentes (bancos, servicios públicos, registros fiscales) para construir una estimación más precisa de los ingresos, superando las limitaciones de las encuestas tradicionales del Sisbén. Sin embargo, la complejidad de los ingresos informales en Colombia y la falta de datos actualizados en ciertas regiones han generado falsos positivos y negativos en la clasificación. El año adicional permitirá al DNP integrar más variables y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante las reclamaciones ciudadanas.
El reto para el Gobierno será lograr que el RUI no solo sea tecnológicamente superior, sino también comprensible para los ciudadanos. La transparencia en el proceso de clasificación y la eficiencia en la gestión de reclamos serán claves para evitar que el nuevo sistema repita los errores de implementación que motivaron su aplazamiento. Mientras tanto, el Sisbén seguirá siendo la referencia para millones de hogares.