Procuraduría exige medidas sostenibles para frenar contaminación en playas de Santa Marta

El organismo advierte sobre acumulación recurrente de residuos y riesgo para la Bahía.

La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades de Santa Marta adoptar medidas concretas, sostenibles y verificables para prevenir la contaminación de las playas, ríos y la Bahía, tras identificar dificultades relacionadas con la acumulación recurrente de residuos y el riesgo de que estos lleguen a los drenajes, al río Manzanares y finalmente al mar. El organismo destacó la sentencia del 30 de septiembre de 2026, que amparó los derechos colectivos al ambiente sano, la salubridad pública y la prestación eficiente de los servicios públicos.

La decisión judicial impartió órdenes para superar las deficiencias estructurales de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad. También dispuso acciones para recuperar las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como implementar un sistema de monitoreo continuo de las condiciones del entorno marino-costero, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).

De manera complementaria, la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales, minero energético y agrario adelantó una actuación preventiva sobre la gestión de residuos sólidos, en la que realiza seguimiento a la prestación del servicio de aseo, las rutas y frecuencias de recolección, la atención de puntos críticos y el funcionamiento del sistema de contenerización. Para ello requirió información a la Administración distrital, Aseo Técnico de la Sabana (Atesa), la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar), el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).

El organismo identificó avances en las jornadas de limpieza y la coordinación institucional, pero señaló dificultades persistentes por la acumulación de residuos. La Procuraduría afirmó que continuará ejerciendo sus funciones preventivas, de control de gestión e intervención judicial para garantizar la protección de los derechos colectivos y del patrimonio natural de la ciudad.

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