La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, imputó cargos contra Lincoln Ramírez Torres, de 55 años, extesorero de una institución educativa del barrio El Pozón en Cartagena, por presuntas irregularidades en la contratación pública cometidas en 2020.

El delito imputado es contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, uno de los más frecuentes en casos de corrupción en entidades del Estado colombiano.

¿Qué hizo el extesorero?

Según las labores de policía judicial, Ramírez Torres habría:

Suscrito siete contratos relacionados con:

◦ Prestación de servicios

◦ Suministro de insumos

◦ Mantenimiento logístico

◦ Mantenimiento de bienes inmuebles

Todo ello sin cumplir los requisitos legales exigidos para la contratación estatal.

El hallazgo más grave: la Fiscalía estableció que el investigado avaló el pago de aproximadamente 80 millones de pesos a contratistas, pese a que las obras no habían sido iniciadas. Esto configura una presunta omisión grave en las funciones de control y planeación que la ley exige en los procesos de contratación pública.

Estado del proceso judicial

Durante las audiencias correspondientes, Ramírez Torres no aceptó los cargos imputados. Sin embargo, la Fiscalía ya radicó el escrito de acusación, lo que significa que el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral.

El caso es investigado por la Unidad de Administración Pública, especializada en delitos de corrupción que afectan el patrimonio del Estado y el funcionamiento de entidades públicas.

Contexto: corrupción en instituciones educativas

Este caso se suma a una preocupante tendencia de irregularidades en la contratación de instituciones educativas públicas en Colombia, donde los recursos destinados a infraestructura, dotación y servicios son desviados o mal administrados, afectando directamente a estudiantes y comunidades vulnerables.

El barrio El Pozón, uno de los más populosos y vulnerables de Cartagena, concentra una población que depende en gran medida de los servicios educativos públicos, lo que hace aún más grave el presunto desvío de recursos.

Las autoridades reiteran que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar este tipo de irregularidades. Los canales habilitados son la línea anticorrupción 018000-919748 y el portal de la Fiscalía General de la Nación.