Asamblea estudiantil exige transparencia sobre recursos de gratuidad en La Guajira.
La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios convocó una asamblea en la Universidad de La Guajira para debatir la situación presupuestal de la educación superior pública y sus posibles efectos sobre el acceso y la permanencia estudiantil. El encuentro se realizó en medio de la discusión nacional sobre la financiación de las universidades y de la preocupación por una información regional que señaló una posible variación cercana al 78 por ciento en la partida de gratuidad, al pasar de unos 3.011 millones a 653 millones de pesos.
La organización estudiantil precisó que esa variación no ha sido confirmada como una reducción definitiva de los recursos disponibles. Para establecer su alcance real se requiere contrastar las apropiaciones presupuestales, las posibles reclasificaciones entre rubros, las transferencias realizadas y la información oficial de las entidades responsables. No obstante, los estudiantes sostuvieron que la falta de certeza no resta importancia a la preocupación y exige explicaciones claras y oportunas sobre las decisiones que afectan la financiación educativa.
Durante la asamblea se planteó que la gratuidad no puede reducirse a la eliminación del cobro de matrícula. Para que un estudiante permanezca en la universidad necesita alimentación, transporte, alojamiento cuando sea necesario, materiales académicos, conectividad, bienestar universitario, acompañamiento psicosocial y una infraestructura adecuada. Los participantes advirtieron que, cuando estas condiciones son insuficientes, el derecho formal a estudiar puede convertirse en una posibilidad difícil de sostener para quienes enfrentan mayores barreras económicas.
En La Guajira, departamento con desigualdades sociales y territoriales persistentes, la universidad pública cumple una función que trasciende la formación profesional. Los estudiantes señalaron que representa un instrumento de movilidad social y una oportunidad de acceso al conocimiento para sectores históricamente excluidos. La asamblea concluyó con un llamado a mantener el debate abierto, exigir información oficial, contrastar las cifras y promover la participación de docentes, trabajadores, egresados y comunidades en la defensa de la financiación universitaria.