La parálisis de la sede administrativa genera cuestionamientos por falta de control político.
La remodelación del Edificio de la Lotería de La Guajira, futura sede de la Asamblea Departamental en Riohacha, permanece paralizada tras vencerse el plazo legal de prórroga el pasado 9 de julio de 2026. La obra civil, contratada por la Gobernación de La Guajira para el fortalecimiento administrativo, acumuló un año y nueve meses desde su inicio técnico sin alcanzar su entrega funcional. La falta de ejecución física por parte del contratista genera incertidumbre sobre la planeación institucional y motiva demandas de control fiscal ante el riesgo de pérdida de recursos públicos del erario departamental.
El proyecto de infraestructura pública inició formalmente el 9 de enero de 2025 bajo la supervisión directa de la Secretaría de Obras y Vías Públicas del departamento. El contrato original de obra número CO1.PCCNTR.7062043 estipuló un presupuesto de 13.214.737.982 pesos, sumado a un proceso integral de interventoría que elevó el costo consolidado de la intervención por encima de los 14.000.000.000 de pesos vigentes. Aunque el pliego técnico fijó un tiempo de ejecución estricto de doce meses con vencimiento al 9 de enero de 2026, el contratista asignado no completó los trabajos requeridos.
Ante el incumplimiento de la meta cronológica inicial, la administración otorgó una prórroga extraordinaria de seis meses, equivalente al 50 % del periodo inicial permitido por la legislación contractual colombiana. Al vencerse este nuevo término intermedio a mediados de año, la infraestructura no fue recibida por las autoridades supervisoras. Analistas del sector civil comparan la asignación presupuestal de esta remodelación con los 18.445.898.102 pesos invertidos por la Rama Judicial en la construcción completa y dotación del bloque anexo del Palacio de Justicia de Riohacha, evidenciando un costo proporcional elevado para una adecuación arquitectónica.
Los documentos oficiales de inicio fueron suscritos por Sirle Díaz Mejía, en calidad de secretaria de Obras Públicas, y Yuleinis Redondo Arévalo, representante legal del Consorcio Edificación Moderna. La interventoría técnica estuvo a cargo de la Unión Temporal HGA Inter-Lotería, representada por William Martínez Palomino. A pesar de que el anticipo financiero autorizado correspondió al 30 % del valor contractual total, el estado actual de abandono físico en las instalaciones del centro administrativo contradice los compromisos institucionales de oportunidad y eficiencia gubernamental suscritos en la capital regional.
La inacción de la Asamblea Departamental frente al retraso de su propia sede genera cuestionamientos sobre la efectividad del control político regional. Los diputados locales no han convocado a debates formales para exigir la rendición de cuentas a las dependencias responsables de vigilar el avance físico del proyecto. Ciudadanos exigen la intervención de la Contraloría General de la República para auditar los recursos asignados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 724, el cual registraba un valor base de 13.453.374.981,43 pesos al inicio de la contratación.
Mientras los plazos de las pólizas de cumplimiento expiran, la comunidad demanda respuestas claras sobre las adiciones financieras presupuestadas, las sanciones administrativas aplicables al consorcio y la fecha definitiva para reiniciar las actividades de construcción en Riohacha. La falta de transparencia en la publicación de los informes de interventoría agrava la percepción de abandono institucional, dejando un complejo estatal inconcluso en pleno corazón urbano del departamento de La Guajira, donde la infraestructura pública administrativa requiere optimización urgente según el plan de desarrollo territorial vigente.
El silencio administrativo de las firmas contratistas y de la interventoría técnica acentúa las críticas sobre la formulación original del proyecto. De acuerdo con los pliegos contractuales, los ensayos de laboratorio y las pruebas de calidad de los materiales debían correr por cuenta del constructor, pero las veedurías ciudadanas locales reportan que las actividades en el predio se detuvieron por completo antes de consolidar las fases estructurales internas de la edificación, convirtiendo el sector en un foco de parálisis logística.
La Gobernación de La Guajira enfrenta ahora el reto jurídico de liquidar el contrato actual o iniciar un proceso sancionatorio por incumplimiento reiterado. Esta decisión determinará si el Edificio de la Lotería se consolida como una obra funcional para la institucionalidad del departamento o si pasa a engrosar la lista de elefantes blancos en la Costa Caribe, afectando la credibilidad técnica de los procesos de licitación pública ejecutados en el norte de Colombia.