El ente de control fiscal investiga el ocultamiento de contratos de la vigencia 2025 en la plataforma oficial SIA Obsérva.
La Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento de La Guajira formuló cargos e inició formalmente el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No. 011 de 2026 contra los ciudadanos Edinho de Jesús Vides Guerra e Indis Elina Mejía Mendoza. La medida jurídica se notificó públicamente este 21 de octubre de 2026 debido a la omisión absoluta en la rendición de cuentas e informes contractuales de la vigencia 2025 en el sistema digital obligatorios SIA Obsérva. Ambos procesados actuaron en calidad de gerentes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P..
¿Quiénes son los exgerentes investigados en Uribia y cuáles son los cargos?
El auto de apertura e inicio de cargos número 011 de 2026, suscrito en la capital departamental, Riohacha, por la directora de Responsabilidad Fiscal, Juliana Margarita Rodríguez Sierra, detalla de forma clara el periodo de gestión en que cada implicado ejerció funciones ejecutivas y de ordenación del gasto dentro de la empresa descentralizada del municipio de Uribia. Según las certificaciones laborales incorporadas al acervo probatorio del expediente, la distribución temporal de las presuntas omisiones fiscales se configuró de la siguiente forma institucional durante el año investigado:
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Edinho de Jesús Vides Guerra: Ejerció la gerencia general desde el 3 de febrero de 2023 hasta el 21 de septiembre de 2025. Bajo su gestión directa se debieron publicar todos los procesos de contratación pública celebrados entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de la anualidad de 2025.
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Indis Elina Mejía Mendoza: Asumió el cargo directivo principal desde el 22 de septiembre de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su responsabilidad legal abarcaba el cargue obligatorio de los contratos estatales formalizados en ese periodo de cierre anual.
La Contraloría Departamental constató a través de peritajes técnicos al sistema que la plataforma SIA Obsérva se encontraba completamente vacía respecto a las fases precontractual, contractual y postcontractual de la citada vigencia fiscal. Esta falta absoluta de información impidió que el organismo de control fiscal pudiera auditar el origen, uso, destino y la correcta inversión de los dineros destinados a los servicios esenciales del municipio norteño. Por tales motivos jurídicos, la conducta omisiva de los exgerentes fue calificada provisionalmente por el ente investigador bajo la figura sustancial de culpa grave.
Consecuencias y severas multas de hallarse culpables a los exfuncionarios
El marco normativo aplicable para este tipo de infracciones de control gubernamental se fundamenta de manera directa en los artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993, así como en el artículo 114 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). De ratificarse la culpabilidad de los encartados al término de la respectiva etapa de descargos, ambos ciudadanos afrontarán consecuencias de orden económico y administrativo sumamente restrictivas para sus carreras públicas.
En primer lugar, los contralores están facultados constitucionalmente para imponer multas correccionales inmediatas equivalentes a un cobro coactivo de hasta cinco (5) salarios mensuales devengados por los sancionados en la época en que cometieron la omisión legal. En segundo lugar, el fallo sancionatorio en firme producirá el registro de un antecedente fiscal adverso ante la Auditoría General de la República. Esta anotación administrativa genera una inhabilidad automática para el ejercicio de futuros cargos del Estado que involucren la ordenación del gasto, el manejo de presupuestos oficiales o la representación legal de entidades públicas en todo el territorio nacional colombiana.
¿Qué responsabilidades y sanciones puede recibir el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago?
Aunque el Auto No. 011 de 2026 vincula nominal y formalmente a los dos exgerentes de la empresa de servicios, la omisión prolongada de los reportes públicos de contratación genera un impacto colateral directo sobre el mandatario local actual del municipio, Jaime Luis Buitrago. Al desempeñarse como el jefe supremo de la administración territorial y cabeza del ente municipal que ejerce el control de tutela sobre las empresas descentralizadas, el burgomaestre posee una obligación legal ineludible de vigilancia activa sobre el patrimonio de sus ciudadanos.
De demostrarse que la Alcaldía de Uribia no ejerció las auditorías internas obligatorias o ignoró deliberadamente las alertas sobre la falta de cargue de datos en el sistema unificado del Estado, la Procuraduría General de la Nación podría abrir un proceso disciplinario formal contra Jaime Luis Buitrago por omisión del deber funcional de control jerárquico. Las sanciones disciplinarias aplicables bajo el Código General Disciplinario abarcan desde la amonestación escrita y la imposición de multas directas calculadas sobre su salario real, hasta la suspensión provisional o destitución del cargo público con inhabilidad general en casos donde se configure negligencia manifiesta en la protección de los recursos del erario.
Próximos pasos legales del proceso administrativo sancionatorio fiscal en La Guajira
De conformidad con el parágrafo segundo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adicionado de forma expresa por la Ley 2080 de 2021, los términos procesales para el derecho sancionatorio fiscal son estrictos. La secretaria de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, Vicenta Maya Mejía, notificó formalmente a los implicados a través de los canales institucionales de la página web oficial de la Contraloría.
A partir del día siguiente a la finalización de los términos de la publicación web, Edinho de Jesús Vides Guerra e Indis Elina Mejía Mendoza disponen de un término improrrogable de cinco (5) días hábiles para presentar sus respectivos descargos por escrito. En esta misma oportunidad legal, las defensas técnicas de los investigados deberán aportar los elementos materiales probatorios o solicitar la práctica de las pruebas que consideren conducentes para intentar desvirtuar la calificación de culpa grave formulada por la abogada Juliana Margarita Rodríguez Sierra. Contra este acto administrativo de trámite no procede ningún recurso legal ordinario de reposición o apelación. El desenlace del proceso marcará un precedente sobre el uso del sistema SIA Obsérva en la península.