La directora Carolina Restrepo puso bajo revisión 1.407 contratos de prestación de servicios y advirtió presiones para firmar adiciones.

La nueva administración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso bajo revisión una serie de contratos de prestación de servicios que, según su directora, Carolina Restrepo, estaban asociados a programas que ya habían terminado. La funcionaria presentó el caso ante la Comisión Séptima del Senado y señaló que, al revisar las solicitudes para ampliar los vínculos contractuales, encontró que tres servicios reunían a 1.407 personas, pese a que sus periodos de ejecución habían concluido o estaban por finalizar. «¿Entonces, para qué 1.407 personas en programas que ya no existen?», cuestionó Restrepo.
¿Cuáles son los tres programas bajo revisión del ICBF?
La información entregada por el ICBF a través de una respuesta a un derecho de petición del representante Mauricio Toro identifica los tres servicios mencionados por Restrepo. De acuerdo con la entidad, 890 contratos correspondían a Somos Familia, Somos Comunidad; 65 a Tejiendo Caminos sin Fronteras; y 452 a Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios. En conjunto, las cifras suman los 1.407 casos señalados por la directora.
¿Qué dicen las fechas de ejecución de los contratos?
El documento oficial precisa los periodos de ejecución. Somos Familia, Somos Comunidad se desarrolló entre el 30 de diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, mientras que Tejiendo Caminos sin Fronteras tuvo vigencia del primero de febrero al 22 de agosto de 2026. El tercer servicio tenía ejecución prevista hasta el 30 de noviembre de 2026. La precisión sobre las fechas es relevante: la información publicada no establece que los tres programas hubieran terminado al mismo tiempo; dos habían cumplido su periodo y el tercero continuaba vigente al momento de la respuesta.
¿Cómo aumentó la contratación en el ICBF entre 2022 y 2024?
La revisión ocurre en medio de un aumento de los contratos de prestación de servicios en el Instituto. Según cifras entregadas por el propio ICBF y citadas por Semana, las vinculaciones de profesionales y personal de apoyo a la gestión pasaron de 6.427 en 2022 a 9.795 en 2024. Esto representa un incremento de 3.368 contratos, equivalente al 52,4 %. Restrepo anunció que la revisión abarcará «contrato por contrato, funcionario por funcionario, operador por operador», y que remitirá los casos a la Fiscalía si encuentra elementos que lo justifiquen.
¿Qué otros cuestionamientos enfrenta el ICBF?
La directora también cuestionó la estructura de asesores que encontró en la Dirección General, donde identificó dos personas dedicadas a labores de narrativa, además de un músico y un muralista. En paralelo, la Procuraduría abrió un proceso contra Adriana Velásquez Lasprilla, exsubdirectora general, y María Mónica Martínez Martínez, exdirectora de Primera Infancia, por un proceso contractual de 2024 relacionado con servicios de educación inicial para cerca de 1,67 millones de niños. Se trata de una investigación en curso y no de una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las exfuncionarias.
Impacto y próximos pasos
La verificación deberá establecer si los servicios fueron efectivamente prestados, si las ampliaciones tenían soporte y si hubo incumplimientos o responsabilidades individuales. El ICBF indicó que no contaba con una auditoría, acto administrativo o diagnóstico específico que evaluara la transparencia y el desarrollo de esos contratos, por lo que el resultado de las verificaciones definirá si las vinculaciones cuestionadas respondían a necesidades del servicio o si deben remitirse a las autoridades competentes.
