El órgano de control inhabilitó por diez años a Evider Arias por adjudicarse irregularmente un subsidio habitacional en San Diego.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años a Evider Enrique Arias Rosado, exinspector rural de Policía del municipio de San Diego, Cesar, tras comprobarse su autoasignación de una Vivienda de Interés Social (VIS). El fallo disciplinario de primera instancia, emitido este domingo 25 de octubre de 2026, determinó que el exfuncionario expidió una certificación falsa a su propio nombre en mayo de 2022 para acceder ilegalmente al subsidio del programa de vivienda rural en el corregimiento de Las Pitillas. La conducta abusó del cargo público, vulnerando el patrimonio estatal y los derechos de las comunidades vulnerables.
Los detalles del fallo disciplinario contra el exinspector rural de San Diego
La investigación adelantada por el Ministerio Público desveló el entramado administrativo mediante el cual Arias Rosado, quien ejerció funciones como inspector rural entre los años 2012 y 2022, aprovechó su posición de autoridad local. De acuerdo con el expediente técnico, el entonces funcionario público intervino de manera directa en un trámite del cual tenía un interés personal prohibitivo. La normatividad vigente exigía que Arias Rosado se declarara inmediatamente impedido ante la alcaldía municipal para participar en cualquier fase del proyecto de vivienda, un deber legal que omitió deliberadamente para asegurar la adjudicación del inmueble.
El acervo probatorio recopilado demostró que la maniobra se ejecutó con pleno conocimiento de la ilegalidad. Al emitir el documento residencial oficial con su propia firma, el exinspector logró eludir los filtros socioeconómicos obligatorios establecidos por las autoridades del departamento del Cesar. El ente de control disciplinario argumentó que este tipo de actuaciones lesiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones locales y desvía recursos públicos esenciales diseñados para mitigar la pobreza multidimensional en el norte del país, configurando un claro conflicto de intereses no manifestado.
Las claves de la sanción impuesta por el Ministerio Público en el Cesar
La gravedad de las conductas identificadas por los investigadores de la Procuraduría conllevó a la aplicación de la máxima rigurosidad normativa bajo tres determinaciones específicas:
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Calificación de la falta: La conducta fue catalogada formalmente como una falta disciplinaria gravísima cometida con dolo directo.
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Sanción de destitución: Se ordenó la desvinculación definitiva del registro oficial de elegibles para cargos del Estado colombiano.
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Inhabilidad por diez años: Restricción absoluta para ejercer cualquier función o contrato con entidades públicas del territorio nacional.
El impacto en el proyecto de construcción de 215 viviendas rurales en Las Pitillas
El subsidio habitacional obtenido por el exinspector de policía formaba parte de una política pública denominada “Construcción en sitio propio de hasta 215 viviendas rurales en el municipio”. Este plan macroeconómico contaba con recursos cofinanciados para edificar soluciones habitacionales dignas en los lotes de familias campesinas de bajos ingresos económicos. El corregimiento de Las Pitillas, jurisdicción rural de San Diego, presentaba uno de los índices de priorización más altos debido a las condiciones de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, quienes esperaban la asignación técnica de los materiales de construcción.
La asignación irregular en favor de Arias Rosado significó la exclusión automática de un núcleo familiar rural que cumplía con la totalidad de los requisitos legales del Fondo de Vivienda de Interés Social. “En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que, en mayo de 2022, el entonces funcionario expidió una certificación de residencia en su nombre, con el propósito de acceder como beneficiario al proyecto”, precisó el reporte de la Procuraduría General de la Nación. Como resultado directo de la simulación del trámite, la infraestructura fue edificada y entregada formalmente al procesado, restando cobertura al programa original.
Transparencia institucional en la asignación de subsidios de Vivienda de Interés Social (VIS)
El proceso penal y disciplinario derivado de este caso reabrió el debate sobre los mecanismos de auditoría interna en las alcaldías de los municipios del Cesar. Los comités locales de veeduría ciudadana señalaron que la falta de cruce de bases de datos automatizadas facilitó que el exinspector fuera registrado simultáneamente como autoridad certificadora y como beneficiario vulnerable del subsidio estatal. El ente de control instó a las secretarías de planeación a robustecer los controles biométricos y las declaraciones de bienes para impedir la manipulación del censo de beneficiarios en futuras convocatorias públicas.
Los pasos procesales tras la decisión judicial de primera instancia en el Cesar
El valor analítico de esta sanción radica en el mensaje de control que envía a las administraciones municipales del Caribe colombiano respecto al uso de las VIS. No obstante, al tratarse de un fallo proferido en primera instancia por la Procuraduría, la decisión judicial no tiene el carácter de ejecutoriada o definitiva. La defensa técnica de Evider Enrique Arias Rosado cuenta con los términos que otorga el Código General Disciplinario para interponer los recursos de apelación correspondientes ante las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
Los siguientes pasos procesales definirán si el fallo es ratificado en segunda instancia, lo que dejaría en firme la inhabilidad de diez años. De confirmarse la sanción, el Estado colombiano iniciará las acciones civiles ante los juzgados de Valledupar para revertir la titularidad de la vivienda de interés social asignada en Las Pitillas, buscando su restitución material para transferirla a las familias campesinas afectadas. El desenlace de este caso marcará un hito técnico en la jurisprudencia disciplinaria regional sobre la recuperación de activos estatales apropiados mediante el abuso de funciones públicas de certificación.
