Lo que inició como un acuerdo de arrendamiento ordinario se ha convertido en un calvario de nueve meses para una familia de este municipio costero. Los propietarios de una vivienda denunciaron públicamente a la inquilina Oriana Villa Abraham por una serie de presuntas conductas que van desde el incumplimiento en los pagos hasta la destrucción sistemática del inmueble y, lo más alarmante, reiteradas amenazas de muerte con arma blanca.
Según el relato de los afectados, la situación se ha deteriorado progresivamente desde que la arrendataria tomó posesión del inmueble. Lo que comenzó con retrasos en las cuotas mensuales derivó en el impago total, mientras que el estado de la vivienda empezó a mostrar señales de daños intencionales en paredes, instalaciones sanitarias y mobiliario. Los propietarios aseguran que han intentado en múltiples ocasiones mediar con la inquilina para resolver la situación de manera pacífica, pero todos los acercamientos han sido infructuosos.
El punto de quiebre llegó cuando, según la denuncia, Villa Abraham habría esgrimido un arma blanca en contra de los dueños del inmueble, profiriendo amenazas de muerte en repetidas ocasiones. Este hecho elevó la preocupación de la familia, que ahora teme por su integridad física mientras intenta recuperar la posesión de su propiedad.
El caso refleja una problemática creciente en municipios intermedios como San Antero, donde la informalidad en los contratos de arrendamiento y la falta de mecanismos ágiles de protección a propietarios han generado situaciones de alto riesgo. Las víctimas señalan que la ausencia de una respuesta oportuna por parte de las autoridades ha permitido que la situación se prolongue durante casi un año, escalando hasta niveles de violencia física.
Hasta el momento, no se ha confirmado si la denuncia formal ha sido instaurada ante la Fiscalía General de la Nación o si las autoridades policiales han adelantado actuaciones para proteger a los propietarios. El caso ha generado indignación en la comunidad sananterana, donde vecinos y comerciantes han manifestado su solidaridad con la familia afectada y han exigido acciones institucionales que garanticen la seguridad de quienes ponen sus inmuebles en alquiler.
Este hecho se suma a un creciente número de conflictos arrendaticios en la región Caribe que han derivado en episodios violentos, evidenciando la necesidad de fortalecer los canales de conciliación y la respuesta judicial para evitar que los desacuerdos contractuales terminen en tragedias anunciadas.
