Iris Marín advierte un falso debate entre seguridad y derechos humanos en Colombia
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó en una entrevista con EFE que el Gobierno Nacional «no tiene como prioridad los derechos humanos», al analizar las decisiones del Ejecutivo de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad. Marín sostuvo que el Gobierno plantea un «falso debate» que contrapone la lucha contra los grupos armados y la delincuencia organizada con la defensa de los derechos humanos. La funcionaria advirtió que la política de seguridad debe respetar los derechos humanos para evitar que la Fuerza Pública se convierta en un factor de riesgo.
Los cuestionamientos a la política de seguridad
«Hay un falso debate entre seguridad y derechos humanos. Porque cuando la política de seguridad no respeta los derechos humanos, la Fuerza Pública se puede convertir en un factor de riesgo e inseguridad», señaló Marín. Según la defensora, el Gobierno «minimiza» las alertas sobre estas cuestiones y las percibe como «un obstáculo», un enfoque que puede ser «contraproducente» para los resultados que busca el propio Ejecutivo.
Marín ha criticado en los tres meses del nuevo Gobierno el bombardeo de campamentos guerrilleros donde puede haber menores y las imágenes del presidente entre cuerpos de presuntos guerrilleros o en redadas con pistola al cinto. «Que un menor reclutado por una guerrilla muera en un bombardeo del Estado es la foto final de nuestro fracaso como sociedad», sostuvo.
Riesgos para el pluralismo democrático
Las advertencias de la defensora incluyen también los recortes al derecho a la protesta, el proyecto de fumigaciones con productos tóxicos, la retirada de obras del Museo Nacional y los riesgos de nuevas concesiones mineras y petroleras. Marín señaló que el cambio más preocupante es el que afecta al «pluralismo democrático». Defendió que en Colombia existen «diferentes visiones del país» y que el Gobierno debe garantizar que todas puedan expresarse y ejercer sus derechos.
¿Qué sigue para la política de derechos humanos?
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará monitoreando los cambios de política del Ejecutivo y sus riesgos para los derechos humanos. El pronunciamiento de Marín plantea un escenario de tensión entre el Gobierno y el organismo de control, en un contexto donde las decisiones de seguridad y las garantías democráticas serán determinantes para la estabilidad institucional del país. La evolución de estas alertas dependerá de la respuesta del Ejecutivo y del debate público en los próximos meses.