
Frente al edificio «Paseo del Parque», un grupo de mujeres protagonizó una airada protesta en plena noche contra el exsenador Laureano Acuña, a quien acusan de no haber cumplido con el pago por la supuesta compra de votos.
En medio de una tensa jornada a pocas horas de las elecciones, varias mujeres salieron a las calles para denunciar públicamente que el político se habría comprometido a pagar $70.000 por sufragio y no habría honrado su palabra.
Las manifestantes afirmaron contar con planillas y videos como prueba de los acuerdos presuntamente establecidos. «No nos da la cara», reclamaron entre consignas, expresando su temor de tener que responder mañana ante las personas que movilizaron bajo la promesa de remuneración.
«Adentro del puesto de votación nadie sabe por quién votas. Vote a conciencia», expresó una de las protestantes, en un mensaje que deja entrever la dinámica de la política clientelar: los políticos corruptos como Acuña saben que la gente puede cobrar el dinero pero no necesariamente apoyarlos en las urnas.
La denuncia y el contexto
La protesta se desarrolló frente al reconocido edificio «Paseo del Parque», aumentando la tensión en vísperas de la jornada electoral. Cabe recordar que la compra de votos es un delito que en el país tiene una recompensa de 50 millones de pesos para quienes denuncien estos hechos.
El video captado muestra el momento de la concentración nocturna, donde se aprecia a varias personas reunidas en medio de la oscuridad, expresando su indignación por lo que consideran un incumplimiento que las deja en una situación vulnerable frente a sus comunidades.
Interrogantes para las autoridades
La grave denuncia plantea preguntas urgentes: ¿Qué hará la Policía y la Fiscalía con esta denuncia? ¿Dejarán que Acuña se burle de la justicia?
Las manifestantes exigen una respuesta inmediata de las autoridades electorales y judiciales, mientras la jornada de votación está a punto de comenzar. El caso podría desencadenar una investigación por compra de sufragios, un delito que atenta contra la transparencia democrática del país.
La Registraduría y la Fiscalía deberán pronunciarse sobre estos hechos que empañan el proceso electoral en la región.



