El tribunal reprogramó por segunda vez la diligencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez, hasta el 2 de febrero de 2027, la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La diligencia fue reprogramada porque las defensas aseguran que todavía no han podido conocer en su totalidad las pruebas que tiene la Fiscalía y que están bajo cadena de custodia. Los abogados han advertido dificultades para acceder a archivos que no abren, están encriptados o requieren contraseñas.
La magistrada de la Sala señaló que el nuevo plazo busca que las partes completen la revisión de los elementos probatorios y superen las dificultades técnicas. «Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2027. Creemos que es un tiempo razonable, prudente, que va a facilitar el trabajo de las partes», declaró. Pidió que para la próxima sesión estén listas las solicitudes de pruebas y las razones por las que consideran que deben ser admitidas.
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco cuestionó que la Fiscalía presente documentos que, según él, no conoce y reclamó que no se hayan revisado conversaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD. «¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce?», indicó.
Bonilla, por su parte, afirmó que la Fiscalía dejó por fuera elementos necesarios para esclarecer el manejo de los recursos públicos y sostuvo que el ente acusador «no ha sido leal con nosotros».
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó que las dificultades en el descubrimiento de pruebas signifiquen falta de transparencia. Explicó que la Fiscalía solicitó documentos a la Corte Suprema, recibió copias completas de los expedientes y entregó todo el material a las defensas. «La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene», afirmó.
La magistrada aclaró que la Sala hizo un llamado a garantizar la lealtad procesal, pero que no atribuía una actuación desleal a la Fiscalía. El proceso continuará el 2 de febrero de 2027.