La Corte Constitucional exige solución urgente de agua potable para la comunidad Wayuu ante grave contaminación por heces de animales.
Crisis humanitaria en La Guajira: Corte Constitucional ordena suministro de agua potable en 48 horas para el pueblo Wayuu
La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional emitió una orden perentoria al municipio de Uribia y a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (ESEPGUA) para implementar, en un plazo máximo de 48 horas, un esquema temporal de abastecimiento de agua apta para consumo humano. La medida beneficia directamente a la comunidad Wayuu de Waimpiralein y sus poblaciones vecinas. La determinación surge tras una inspección judicial que evidenció el grave riesgo que enfrenta la ciudadanía, en particular los niños y niñas Wayuu, al consumir agua contaminada con heces de animales, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la salud, la alimentación y la participación.
La decisión de la Corte se deriva del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en la región. Durante una visita reciente de los magistrados Carlos Camargo, Vladimir Fernández y Paola Meneses, los funcionarios constataron de primera mano las precarias condiciones hídricas que afectan a la población wayuu en el municipio de Uribia, el de mayor extensión territorial en el departamento. El consumo de agua no tratada proveniente de fuentes contaminadas ha generado un ciclo de enfermedades gastrointestinales y desnutrición que golpea con mayor dureza a la niñez indígena.
¿Cuáles son las medidas urgentes ordenadas por la Corte?
El tribunal determinó que el abastecimiento de agua potable debe ser periódico, suficiente, accesible y verificable. Para ello, se estableció un esquema operativo claro: el municipio de Uribia será el responsable del suministro mediante carrotanques, mientras que ESEPGUA deberá proveer y gestionar los tanques de almacenamiento. Esta intervención inmediata busca frenar el deterioro de la salud de las familias wayuu, quienes han padecido históricamente la ausencia de infraestructura hídrica adecuada en la Alta Guajira. La orden busca ser una medida de choque mientras se diseñan soluciones estructurales.
Ministra de Vivienda tendrá 15 días para presentar alternativa de purificación de agua
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá presentar y ejecutar, en un plazo de 15 días hábiles, una alternativa temporal para el tratamiento o purificación del agua que sea técnicamente viable para consumo humano. Esta solución debe coordinarse con las autoridades competentes y con la propia comunidad Wayuu, garantizando su participación efectiva en el proceso. La Corte subraya que la intervención del ministerio es crucial para superar las soluciones precarias y transitar hacia sistemas sostenibles que aseguren agua limpia de manera continua.
Protocolo de calidad y trazabilidad del agua: una exigencia clave
En un componente adicional de la decisión, el municipio, ESEPGUA y Minvivienda deberán diseñar un protocolo escrito que regule los estándares de calidad, limpieza, desinfección, mantenimiento y trazabilidad del agua. Este documento también abarcará la operación de los carrotanques, los tanques de almacenamiento y cualquier sistema de tratamiento que se implemente. La creación de este protocolo busca garantizar que la solución de emergencia no solo sea inmediata, sino que cuente con controles rigurosos que eviten nuevas contaminaciones y aseguren la transparencia en el manejo del recurso hídrico.
La complejidad del problema hídrico en La Guajira no se limita a Uribia. Por ello, la Corte también ordenó al Viceministerio de Agua que, en un plazo de 60 días hábiles, evalúe si el patrón de deterioro progresivo de las fuentes hídricas también afecta a las comunidades de Riohacha, Uribia (en su conjunto), Manaure y Maicao. Esta evaluación permitirá dimensionar la magnitud de la crisis en toda la península y diseñar políticas públicas con un enfoque territorial y diferencial que reconozca la cosmovisión del pueblo Wayuu.
Un llamado a la acción en medio del estado de cosas inconstitucional
La sentencia T-302 de 2017 no solo declaró la vulneración de derechos, sino que obliga al Estado a adoptar medidas estructurales para superar la crisis humanitaria. La comunidad wayuu ha enfrentado durante años una crisis de acceso a agua apta para consumo humano, un problema que se agrava por la sequía, la contaminación de fuentes hídricas superficiales y la falta de inversión en infraestructura adecuada. La reciente orden de la Sala Especial de Seguimiento recalca que la protección de la niñez y el goce efectivo de los derechos fundamentales no pueden postergarse.
Las autoridades locales, departamentales y nacionales tienen ahora un cronograma ajustado que exige coordinación y recursos suficientes. La decisión de la Corte Constitucional, con su enfoque en la participación de la comunidad, establece un precedente para futuras intervenciones judiciales en materia de derechos sociales. El seguimiento de estas órdenes será clave para determinar si el Estado colombiano logra transformar la emergencia hídrica en La Guajira en una oportunidad para construir soluciones duraderas que garanticen el derecho al agua y la vida digna de los pueblos indígenas. El reloj ya está en marcha.