Corte Constitucional ordena a De la Espriella proteger a la niñez Wayuu en La Guajira

El alto tribunal exige un plan definitivo para superar la crisis humanitaria que persiste en el departamento

La Corte Constitucional determinó que el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en 2017 por la vulneración masiva de derechos de la niñez Wayuu en La Guajira persiste, y ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella cumplir con directrices y fechas concretas para superar la crisis de agua potable, alimentación y salud que afecta a los menores en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. La decisión, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, surge tras una visita a la zona el pasado 13 de octubre de 2026.

Hallazgos del alto tribunal

Los hallazgos evidencian que las causas estructurales del problema continúan:

  • Salud: Según datos del SIVIGILA, en los cuatro municipios priorizados se registraron 142 fallecimientos en 2025 por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda o Desnutrición Aguda. De forma preliminar, al 23 de octubre de 2026 se notificaron 61 muertes.

  • Infraestructura hídrica: La Superintendencia de Servicios Públicos reportó que no operan veinte de sesenta infraestructuras hídricas inspeccionadas en Manaure, cuatro de catorce en Uribia, una en Maicao y dos en Riohacha, lo que revela una brecha entre las obras construidas y la disponibilidad real de agua.

  • Plan Estructural de Acción: El presentado por el gobierno anterior contempla 65 acciones y 156 indicadores, pero carece de una línea base confiable y presenta problemas de financiación y trazabilidad.

  • Participación comunitaria: El Registro Multidimensional Wayuu a cargo del DANE alcanzó apenas una cobertura territorial del 70 %, y solo cuatro de los cuarenta delegados del pueblo Wayuu previstos para integrar el Mecanismo Especial de Seguimiento han sido designados, lo que dificulta un diálogo genuino con las comunidades.

Órdenes del tribunal

El alto tribunal ordenó al Ejecutivo:

  1. Formular una ruta crítica para consolidar el Plan Estructural de Acción, con responsables, actividades y fechas de participación efectiva.

  2. Abstenerse de suprimir acciones, reducir metas o eliminar fuentes de financiación ya identificadas por la administración anterior.

Asimismo, exigió al Ministerio del Interior:

  1. Presentar un cronograma sobre el estudio etnológico pendiente desde 2019.

  2. Entregar un inventario de infraestructura hídrica inoperante en un plazo de 30 días.

Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad institucional y la protección de los derechos de la niñez Wayuu.

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