La Sala Plena se declaró inhibida y mantiene el expediente del expresidente en la justicia ordinaria.
La Corte Constitucional se abstuvo de resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión, adoptada el lunes 9 de noviembre, mantiene la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo la instrucción de la justicia ordinaria, sin definir formalmente la autoridad a cargo del proceso.
La controversia no evaluaba la culpabilidad o inocencia del exmandatario, sino la entidad facultada para investigarlo. La Sala Plena debía asignar el caso a los fiscales delegados o trasladarlo a la célula legislativa del Congreso, encargada de juzgar a jefes de Estado bajo el fuero presidencial. Los nueve magistrados concluyeron que no existían condiciones jurídicas para emitir una orden que zanjara el choque de poderes.
La decisión implica que el expediente continuará en la misma instancia judicial donde se tramitaba. Esta determinación procesal afecta directamente el desarrollo del caso, que permanece sujeto a las actuaciones de la Fiscalía. La Corte no emitió pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad del expresidente.
El proceso podría extenderse sin una definición formal sobre la competencia. El expediente continuará en la justicia ordinaria mientras la Corte no emita un fallo de fondo sobre el choque de poderes, lo que deja abierta la posibilidad de futuras revisiones judiciales sobre el caso del expresidente.