Congreso aprueba histórica reforma financiera para fortalecer la educación superior pública en Colombia

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Colombia cierra el año con un hito histórico para la educación superior pública: el Congreso aprobó la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que garantiza el fortalecimiento financiero más importante de las últimas décadas para universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales. La iniciativa, que pasa a sanción presidencial, establece un nuevo esquema de financiación que abandona el ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se basa en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, asegurando recursos más justos y acordes con la realidad del sistema.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, destacó que este logro responde a la lucha de miles de estudiantes que hace una década salieron a las calles exigiendo financiación. “Aquello por lo que se movilizaron es hoy Ley de la República”, afirmó. El presupuesto para instituciones públicas ya pasó de 5.5 billones de pesos en 2022 a cerca de 12 billones en 2025, y con la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales para ampliar cobertura, mejorar calidad, fortalecer investigación y cerrar brechas territoriales.
La meta de largo plazo es ambiciosa: alcanzar una inversión equivalente al 1% del PIB en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales. Este avance es resultado del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, un proceso de diálogo y construcción colectiva que ratifica la educación pública como prioridad nacional y motor de transformación social.

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