El gremio mercantil formal exige soluciones financieras y de seguridad ante pérdidas multimillonarias.
Los comerciantes formales de Riohacha, Maicao, Uribia y el resto del departamento denuncian la inoperancia de la Cámara de Comercio de La Guajira, bajo la dirección ejecutiva de Álvaro Romero Guerrero, ante la crisis estructural que afronta el sector en 2026. Los empresarios señalan que la entidad funciona como un ente meramente recaudador del registro mercantil, sin ofrecer estrategias frente a las extorsiones, el aumento de la informalidad y las pérdidas económicas superiores a 87.000 millones de pesos provocadas por paros armados de grupos ilegales. Los afectados exigen planes de contingencia urgentes para evitar la quiebra masiva del tejido productivo departamental.
Según datos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), los paros armados perpetrados por organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en abril y septiembre de 2026 causaron pérdidas por 38.000 millones y 49.000 millones de pesos, respectivamente. Estas jornadas de parálisis forzaron el cierre temporal de más de 21.000 establecimientos comerciales en toda la península. Los afiliados critican que la gestión de Romero Guerrero se limita a emitir comunicados de prensa y llamados a la Fuerza Pública, omitiendo la creación de fondos de contingencia o la concertación de exenciones temporales en las tasas registrales.
Adicionalmente, los registros internos de la entidad revelan una contracción superior al 50% en las nuevas matrículas mercantiles. Los comerciantes del departamento afirman que los programas de asesoría vigentes, tales como Transforma-T para Crecer y Vende+, enfocados en marketing digital y estructuras de costos, carecen de impacto financiero real al no resolver problemas estructurales de liquidez, la devaluación en las zonas de frontera o las deficiencias de infraestructura energética.
La falta de articulación unificada entre la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio y las alcaldías locales, incluida la de Riohacha, dificulta la presentación de proyectos conjuntos ante el Gobierno Nacional. El sector empresarial formal advierte que competir bajo cargas tributarias y registrales estrictas frente a un entorno informal desregulado, sumado al gasto presupuestal en burocracia interna de la entidad gremial, desincentiva la inversión privada y reduce la economía departamental a niveles de subsistencia.