CNE revocó la candidatura de Santander Lopesierra, el “Hombre Marlboro”, a la alcaldía de Maicao

El “Hombre Marlboro” aparece en el escandaloso caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito del hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos.

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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este miércoles que revocó por unanimidad la candidatura del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, a la alcaldía de Maicao, en el departamento de La Guajira.

Los magistrados tomaron la decisión de revocar la aspiración de Lopesierra por su pasado vinculado con el narcotráfico, que lo hizo pagar una condena de 19 años en Estados Unidos entre 2002 y 2019.

“Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, candidato a la alcaldía municipal de Maicao–departamento de la Guajira, con ocasión de las elecciones territoriales a celebrarse el 29 de octubre de 2023, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente proveído”, dice el documento que votaron los magistrados y cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Álvaro Hernán Prada.

El CNE recibió una queja de un ciudadano sobre la candidatura del exnarco valiéndose del inciso 5 del artículo 122 constitucional, que estable la inhabilidad para acceder a los cargos de elección popular, “(…) quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

Así mismo, señala la resolución del CNE que el ciudadano, citandoel artículo 37 de la ley 617 del año 2000, modificatorio del artículo 95 de la ley 136 de 1994, estableció las inhabilidades para ser alcalde. “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital (en su numeral 1) ‘quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas’”.

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