Una nueva jornada de protesta sacude la principal arteria vial del sur de La Guajira. Desde las primeras horas de este lunes, comunidades indígenas wayuu instalaron un bloqueo en el kilómetro 40 de la vía que conecta a Riohacha con Maicao, una de las carreteras más transitadas del departamento, en exigencia de soluciones concretas a la crisis energética que padecen sus territorios desde hace décadas.
La manifestación, que mantiene paralizado el corredor vial en ambos sentidos, ha generado un fuerte impacto en la movilidad y, de manera particular, en el acceso a la Universidad de La Guajira, cuya sede principal se encuentra en Riohacha. Cientos de estudiantes provenientes de Maicao, Albania, Barrancas, Hatonuevo y otros municipios del sur no han podido llegar a sus clases, en medio de la incertidumbre y la preocupación por la duración del plantón.
El motivo de la protesta no es nuevo, pero su persistencia refleja la gravedad de una problemática históricamente postergada. Las comunidades wayuu que habitan en la zona rural del municipio de Riohacha y en los alrededores de la vía denuncian que llevan años sin acceso al servicio de energía eléctrica, o con un suministro precario e intermitente que no les permite garantizar condiciones mínimas de vida digna.
«Hemos presentado decenas de solicitudes, hemos hecho acuerdos, nos han prometido soluciones, pero todo sigue igual. Nuestros niños no pueden estudiar en la noche, no podemos conservar alimentos, no tenemos neveras ni podemos tener agua potable. Esto no puede seguir así», manifestó uno de los voceros de la comunidad wayuu que lidera el bloqueo.
La falta de energía en los territorios indígenas no es solo una carencia material: es una barrera para el acceso a la educación, la salud y el desarrollo económico, y una vulneración sistemática de derechos fundamentales que las comunidades ya no están dispuestas a tolerar.
El derecho a la educación, atrapado en medio del bloqueo
Paradójicamente, la protesta que busca reivindicar derechos básicos termina afectando otro derecho igualmente fundamental: el acceso a la educación. La Universidad de La Guajira, que recibe a diario a cientos de estudiantes del sur del departamento, se ha visto seriamente afectada por el bloqueo.
«Nosotros entendemos la lucha de las comunidades, pero también necesitamos estudiar. Muchos compañeros llevan horas esperando que se habilite el paso o buscando rutas alternas, pero es muy difícil. Ojalá el gobierno escuche a las comunidades y les dé una solución pronto», expresó una estudiante de la universidad que permanece varada en el kilómetro 40.
Las directivas de la institución se han pronunciado a través de comunicados internos, informando a la comunidad estudiantil sobre la situación y recomendando tomar las precauciones necesarias mientras se restablece el paso. Sin embargo, no existe una fecha cierta para la normalización de la movilidad.
Hasta el momento, las autoridades departamentales y municipales no han logrado un acercamiento efectivo con los manifestantes que permita levantar el bloqueo. Voceros indígenas han dejado claro que no se moverán hasta tanto no haya compromisos concretos y verificables por parte del gobierno nacional y las empresas prestadoras del servicio de energía.
«No queremos más promesas, queremos hechos. Que nos pongan una fecha cierta, que nos digan cuándo va a llegar la energía a nuestras comunidades, y entonces hablaremos de levantar la vía», advirtió el vocero wayuu.
Mientras tanto, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha han hecho un llamado al diálogo y a la desactivación de la protesta, argumentando que el bloqueo afecta no solo a los estudiantes, sino también al comercio, al transporte de alimentos y a la movilidad de pacientes que requieren atención médica urgente en Maicao y Riohacha.
Un problema estructural
La crisis energética en La Guajira no es un fenómeno reciente. Durante décadas, las comunidades wayuu han denunciado el abandono estatal y la falta de inversión en infraestructura eléctrica en sus territorios. Aunque en los últimos años se han anunciado proyectos de energías alternativas y ampliación de redes, la ejecución ha sido lenta, fragmentada y, en muchos casos, inexistente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la falta de energía en La Guajira constituye una violación sistemática de derechos y una forma de discriminación estructural contra el pueblo wayuu, que sigue siendo el más afectado por el déficit de servicios públicos en el departamento.
El bloqueo en el kilómetro 40 continúa, y con él, la incertidumbre para cientos de estudiantes, transportadores y viajeros que dependen de esta vía para sus actividades diarias. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se instalará una mesa de diálogo con los representantes de las comunidades wayuu, aunque no hay garantías de que se logre un acuerdo inmediato.
Mientras tanto, La Guajira vuelve a ser escenario de una protesta que evidencia, una vez más, las profundas desigualdades que persisten en el departamento y la urgencia de respuestas estructurales que vayan más allá de los discursos y las promesas.
